En el debate sobre la política económica y medioambiental de la Unión Europea, uno de los puntos más polémicos es la continuidad de los mecanismos de arbitraje internacional Inversor-Estado. Este sistema, diseñado para proteger a los inversores extranjeros frente a decisiones arbitrarias de los Estados, se ha convertido en una herramienta controvertida que permite a grandes corporaciones demandar a gobiernos cuando adoptan medidas legítimas de interés público.
El caso más reciente y paradigmático es el de Berkeley Energía, que interpuso una demanda multimillonaria contra España tras la decisión de no autorizar la explotación de la mina de uranio en Salamanca por motivos ambientales y de seguridad.
Inversores contra Estados: transición ecológica en juego
Organizaciones ecologistas se han unido en varias plataformas europeas para demandar el fin del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, un sistema que socava la acción democrática de los gobiernos y obstaculiza la urgente transición ecológica. Y en este sentido han publicado hoy los análisis de diez casos de demandas presentadas por inversores contra Estados utilizando el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado.
Uno de los casos analizados es la demanda que la multinacional australiana Berkeley presentó en 2024 contra España después de que el gobierno y los tribunales españoles tumbaran el proyecto de una mina de uranio en Salamanca. Berkeley ha acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) amparada por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Aunque España y la Unión Europea abandonaron este tratado en 2024, los inversores siguen protegidos por este instrumento durante veinte años después de su terminación.
Si la empresa ganase, España podría verse obligada a reanudar el proyecto de minería o a pagar los 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros) que Berkeley exige en concepto de indemnización por supuestas pérdidas de beneficio. Esta cantidad es diez veces más de lo que se estima que la empresa gastó en el desarrollo del proyecto.
Para estas organizaciones este caso es un claro ejemplo de cómo los gobiernos se enfrentan a demandas multimillonarias de empresas y grandes inversores cuando adoptan medidas encaminadas a proteger el medio ambiente u otros intereses públicos. El proyecto fue rechazado en aplicación de la legislación vigente, entre otras la normativa ambiental, urbanística y en materia de seguridad nuclear.
Además, estas mismas entidades denunciaron en su momento los severos impactos y riesgos asociados al proyecto de minería de uranio a cielo abierto y la planta de procesamiento del mineral. El plan de Berkeley incluía además verter los residuos radiactivos en inmensos pozos en la cercanía de una reserva natural, de zonas de extracción de agua potable y de un balneario de aguas termales de la época romana.
«El sistema de arbitraje de inversiones está dando a grandes empresas y especuladores el poder de anular la acción democrática de un gobierno, incluyendo el cumplimiento de la legislación ambiental, con el único fin de garantizar sus beneficios. Se trata de una herramienta muy peligrosa en el escenario actual, donde las políticas europeas sobre minerales críticos están multiplicando los proyectos extractivos en todo el estado«, han afirmado.
Plataformas locales y organizaciones ecologistas ya plantearon hace tiempo el posible carácter especulativo del proyecto de Berkeley, que consistiría en exagerar las perspectivas mineras para inflar el precio de las acciones de la compañía.
Una faceta más de la impunidad de la minería. El extractivismo transnacional ha alcanzado un estatus que le permite subvertir la soberanía de los pueblos. Usan la Justicia para chantajear al Estado, igual que hacen para intentar intimidar a los activistas, pero no nos van acallar», sostienen los ecologistas, que han convocado una concentración frente a las puertas de la empresa Berkeley, en Retortillo (Salamanca), para exigir el fin de este chantaje de la multinacional al Gobierno de España.
Demandas de grandes multinacionales
Además de las políticas ambientales, las otras demandas de arbitraje analizadas afectan a acciones adoptadas por los gobiernos para proteger intereses de seguridad nacional (Huawei contra Suecia), adoptar medidas fiscales (demanda contra la UE y varios países por el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas de 2022), garantizar un acuerdo equitativo y luchar contra la corrupción (demandas de Shell y ENI contra Nigeria), proteger la toma de decisiones democrática (Riotinto contra Serbia por la mina de litio de Jadar) o cumplir la legislación europea sobre sanciones (caso del oligarca ruso Fridman contra Luxemburgo).
Las organizaciones recuerdan que a pesar de que la Unión Europea abandonó el Tratado de la Carta de la Energía en 2024, actualmente hay más de mil tratados bilaterales de inversión (TBI) en vigor entre Estados europeos y no europeos. La mayoría de ellos contiene un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado. «Se trata de un sistema paralelo a la justicia ordinaria, opaco y favorable al inversor que debilita las políticas ambientales, climáticas y sociales de la Unión Europea. La UE y los gobiernos deben abolir este sistema obsoleto», ha afirmado Pedro Ramiro, coordinador de OMAL.
Las organizaciones exigen a la Unión Europea y al gobierno de España que pongan fin a los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado en los acuerdos de inversión para proteger la soberanía de los gobiernos y la urgente transición ecológica frente a la avaricia de los grandes capitales.
En un momento en que la UE impulsa el Pacto Verde Europeo y busca reducir su dependencia energética, mantener mecanismos de arbitraje que favorezcan a los inversores frente al interés general resulta incoherente. Apostar por sistemas judiciales transparentes, públicos y basados en el Estado de derecho es la única vía para garantizar la seguridad jurídica sin renunciar a la capacidad de legislar en favor de la ciudadanía y del planeta. ECOticias.com
