Este verano, en Castilla y León se quemaron casi 166000 hectáreas, de las cuales un 65% se concentró en la provincia de León. Unos incendios que ahora, con el paso del tiempo, han dado paso a todo tipo de normativa para mejorar la prevención y que no vuelvan a ocurrir. Una de esas regulaciones viene en forma de los reales decretos 716/2025 y 12/2025 de la comunidad.
Normativa que, para ciertas organizaciones ecologistas, dista mucho de ser la deseada en este caso. A su juicio, como explican desde la plataforma Stop Incendios del Noroeste, estas nuevas leyes no responden a las necesidades reales de prevención ni a la recuperación ecológica de los ecosistemas afectados, sino que priorizan intereses económicos vinculados a la explotación de los montes quemados.
Una normativa de prevención de incendios que se queda corta y solo responde a intereses económicos
La plataforma Stop Incendios del Noroeste ha criticado las normas recientemente aprobadas por el Gobierno central y Castilla y León en materia de fuegos forestales por entender que no refuerzan la prevención ni la recuperación ecológica y promueven la explotación de los montes quemados para la producción de biomasa y proyectos energéticos.
En un comunicado, el colectivo señala que el Real Decreto 716/2025 y el Decreto 12/2025 de Castilla y León crean «un marco normativo que normaliza la movilización masiva de biomasa y abre la puerta a macroproyectos energéticos, sin establecer límites ni garantías ambientales reales». Entre las principales deficiencias denunciadas, Stop Incendios del Noroeste destaca la ausencia de prohibiciones para la explotación inmediata de los montes quemados, la falta de participación vecinal, la omisión de indicadores sobre biodiversidad y agua y la inexistencia de límites claros a la extracción de biomasa.
El colectivo advierte también de que las normas «ignoran la emergencia sanitaria derivada del humo de los incendios», que afecta especialmente a personas con problemas respiratorios y cardiovasculares, y critica la falta de protocolos de alerta y medidas de protección para la población.
Según Stop Incendios del Noroeste, estas medidas priorizan la explotación forestal sobre la restauración ecológica, entregan la gestión del territorio a empresas privadas y reducen la recuperación postincendio a un negocio con apariencia de sostenibilidad. La plataforma reclama planes de restauración con especies autóctonas, medidas de prevención de erosión y desertificación, límites claros a la extracción de biomasa y participación ciudadana vinculante en la gestión de los montes afectados.
Así, Stop Incendios del Noroeste insiste en que las políticas de prevención deberían centrarse en el refuerzo de medios humanos y materiales, en la gestión adecuada del territorio y en la recuperación de la vida rural como barrera frente al abandono y la despoblación. También recuerdan que la restauración de los ecosistemas tras un incendio requiere plazos largos y actuaciones respetuosas con los procesos naturales, y no medidas rápidas orientadas al beneficio energético. EFE / ECOticias.com
