Ahora nos toca saber cómo volveremos a movernos y reinventar un sistema de transporte alineado con los objetivos del clima. ¿Será esta vez la buena? ¿O volveremos a liderar la movilidad contaminante? En Greenpeace le hemos puesto cifras a la recuperación y hemos calculado que las medidas que hacen falta requieren invertir el 4,8% del PIB para dar la vuelta al sistema tras la crisis de la Covid.
La movilidad ya necesitaba un cambio antes de la Covid-19. Mientras las renovables iban ganando terreno en el sector energético, la transformación del transporte se ha limitado a tibios acercamientos a la electrificación, lastrados por la avaricia de una industria del automóvil que sigue aferrada al petróleo. Camiones, coches, barcos, aviones… se siguen moviendo casi exclusivamente con energía fósil. Esto tiene que cambiar.
Pero la transformación que necesita el transporte no puede depender únicamente de un cambio tecnológico. Necesitamos vehículos menos contaminantes, por supuesto, pero también que la movilidad sostenible esté al alcance de toda la ciudadanía. El 2020 nos ha recordado la importancia de tener servicios públicos robustos y resilientes, con la movilidad como un derecho esencial de las personas, tengan coche o no.
Por eso hace falta algo más que electrificar coches para adoptar un sistema de movilidad justo y equitativo que no deje a nadie atrás. Y por eso nuestra propuesta de dedicar el #4coma8 del PIB para recuperar el país asigna 29.000 millones a transformar nuestro transporte con medidas como:
- Un programa nacional “Reparo Primero” centrado en adaptar nuestras infraestructuras frente a los efectos de la crisis climática, evitando la destrucción que fenómenos como Filomena o Gloria han dejado a su paso y cuyos daños nos cuestan 900 millones de euros cada año.
- Potenciar el transporte colectivo en las aglomeraciones urbanas, ejecutando líneas de cercanías para dar más y mejor servicio, así como priorizar el tren y el autobús para que el transporte público sea la opción preferente al movernos cada día
- Completar la electrificación del ferrocarril, en especial del transporte de mercancías, convirtiendo al tren en un modo de transporte libre de carbono y que fomente la cohesión territorial en todo el país.
- Desplegar la red básica de cargadores públicos que asegure la disponibilidad de puntos de recarga en todo el territorio, incluyendo las zonas rurales y los viajes de largo recorrido en vehículos eléctricos.
El sector público tiene un papel central en esta transformación: es el titular de las infraestructuras, ente regulador y en muchos casos también operador con empresas como Renfe, Adif o Aena. Por ello, en el campo del transporte el primer paso corresponde a la administración, aunque implicando también al sector privado.
Por ejemplo, el Estado puede reparar y electrificar una vía férrea, tarea que ejecutará una empresa constructora, por donde rodarán unos trenes públicos, manufacturados por fabricantes del sector privado y alimentados por energía renovable. Inversiones verdes que son, a su vez, desencadenadoras de empleo y actividad, frente a la política del “ladrillazo” que nos ha dejado autopistas y aeropuertos vacíos.
Y por eso, no podemos caer en la trampa de que la movilidad sostenible destruye los empleos del automóvil como si éste fuera el único sector que genera ocupación. El transporte constituye una compleja cadena de valor donde se alternan lo público y lo privado. Y por ello, las inversiones públicas deben promover que el modelo de movilidad sea justo y equitativo, tanto social como ambientalmente.
Nuestra propuesta del 4,8% del PIB es ambiciosa, pero también realista: prueba de ello es que varias de estas partidas ya están previstas en los Presupuestos Generales. Estaremos vigilando para que esta cacareada recuperación se dedique en dar la vuelta al sistema y que, cuando volvamos a viajar, lo hagamos mejor que antes.
Fuente: Greenpeace
