El Ayuntamiento de Carboneras sigue apostando por el desarrollo más insostenible de su municipio y, en las nuevas normas urbanísticas, convierte el paraje protegido donde se asienta el hotel ilegal en urbanizable.
Para la organización ecologista esta norma urbanística es del todo inviable, ya que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural (PORN) Cabo de Gata-Níjar está paralizado cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), organismo que ha considerado que urbanizar El Algarrobico sería demoledor para el Parque. El TSJA ha devuelto a El Algarrobico la protección que tenía en el PORN de 1994, es decir espacio protegido no urbanizable y por tanto las normas urbanísticas de Carboneras son ilegales.
También Greenpeace recuerda que la licencia de construcción del hotel de Azata del Sol debe ser revisada, según establece la sentencia de septiembre de 2008 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Almería. En total, el hotel acumula 18 pronunciamientos judiciales a favor del medio ambiente y de su demolición desde que los tribunales comenzaron a pronunciarse en el año 2006 (1).
“A la paralización de la expropiación de los terrenos por parte del Gobierno se suma ahora que el Ayuntamiento de Carboneras pretenda aprobar una norma del todo ilegal. El caso de El Algarrobico sobrepasa todos los límites de la vergüenza administrativa conocidos”, ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace España.
También Greenpeace esta semana ha contestado en los juzgados a la promotora Azata Patrimonio S.L. que reclama que el PORN considere la parcela de El Algarrobico como urbanizable.
“Sorprende además ver que una inmobiliaria decida sobre la viabilidad o no de la restauración ambiental del Parque tras la demolición del hotel”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. “La pasividad del Gobierno español y andaluz con El Algarrobico no es sólo un escudo para especuladores sino que también es el peor ejemplo de cómo solventar la crisis económica y poner freno a la corrupción urbanística que se ha cebado especialmente en el litoral”, concluye Marcos.
Greenpeace
