Más de 1.000 kilómetros de carreteras deberán abrirse paso entre bosques primarios y secundarios para construir las centrales y levantar las líneas de transmisión que permitan distribuir la energía, asegura un estudio elaborado por el ingeniero José Serra, para la no gubernamental ProNaturaleza.
El acuerdo energético binacional fue suscrito en junio y proyecta generar hasta 7.200 megavatios.
Entre los complejos a construir figura el proyecto Inambari, ubicado en los límites amazónicos de los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno, en el sudeste de Perú, que se convertirá así en la región productora de hidroeléctrica más grande de este país y en la quinta de América Latina.
Le sigue Paquitzapango en el río Ene, en el central departamento de Junín, donde se concentra la población indígena asháninka. Completan la cartera: Mainique 1 en Cusco y Tambo 40 y Tambo 60, en Junín.
Para todas se ha calculado una inversión entre 13.500 millones y 16.500 millones de dólares.
En el estudio de Serra, titulado «Inambari: la urgencia de una discusión seria y nacional», se pone en evidencia la gran variedad de flora y fauna existente en las zonas que serán afectadas.
En el área de la represa Inambari inclusive se han identificado especies que ya se encuentran en situación vulnerable, como la Tinamus osgoodi o perdiz negra.
«Habrá un grave impacto en los ecosistemas amazónicos», afirmó a IPS Serra.
A partir de experiencias comprobadas en la Amazonia, el especialista calculó que 1.446.090 hectáreas de bosques en buen estado de conservación serán deforestadas en 20 años.
La estimación se realizó considerando una faja de 10 kilómetros a cada lado de las carreteras que necesitan construirse para levantar los postes de las líneas de transmisión.
Además incluye extensiones de bosques que tendrán que desaparecer para dar vida a nuevas vías. No considera nuevas deforestaciones en zonas ya degradadas por la Corredor Vial Interoceánico Sur que conecta con Brasil.
El estudio señala múltiples impactos «para las cuencas completas de los ríos Inambari y Araza debido a que en las zonas altas se encuentran muchas especies de peces cuyas migraciones reproductivas serán interrumpidas por la represa». Por consiguiente, se afectará la alimentación de las poblaciones aledañas.
La diversidad de peces (ictiofauna) presente en Perú es considerada la quinta más rica del planeta, con más de 1.000 especies. En el río Madre de Dios existen por lo menos unas 600 especies, reseña el informe.
Si estas áreas son deforestadas, señala el estudio, se acelerará la sedimentación en la represa, reduciendo la disponibilidad de nutrientes en el agua. Esto afectaría a las zonas bajas de la cuenca y a los bosques que dependen de estos nutrientes.
La descomposición de la vegetación original no talada debajo de la represa contribuirá a la generación de gases de efecto invernadero como el metano, más de 20 veces más potente que el dióxido de carbono. Para Serra, decir que la energía hidráulica es limpia es ya insostenible.
«Los lodos acumulados en los reservorios de las represas desactivadas son en gran medida equivalentes a los relaves mineros y concentran toda clase de contaminantes químicos que pueden ser letales», señala la investigación.
El proyecto Inambari se extiende en parte del área de amortiguamiento de una de las reservas naturales más ricas en biodiversidad: el Parque Nacional Bajuaja-Sonene.
La Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur), de capitales brasileños, a cargo de Inambari, identificó 139 especies entre árboles, arbustos y hierbas. En la época seca se han registrado hasta 50 especies de anfibios y 203 tipos de aves.
La compañía registró, además, 25 especies de mamíferos medianos y grandes. Los pobladores de la zona informaron a IPS que existen animales como «la sachavaca (tapir amazónico), el tigre y el majaz (un roedor)».
Para el especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Mariano Castro, «hay una visión estatal que sólo prioriza la dimensión económica y comercial, sin considerar el valor natural de estos lugares y los altos costos ambientales».
«Es más, se cree que estas consideraciones ambientales entorpecen la inversión privada y no se reconoce que estos requisitos son necesarios para desarrollar una inversión sostenible», señaló a IPS.
El congresista Yonhy Lescano aseguró que el presidente García le confesó que Egasur decidió ya no invertir en Inambari. Pero ni la empresa ni el gobierno han confirmado la información.
Los expertos consideran que tal noticia es poco probable porque Inambari Geração de Energía, matriz de Egasur, acaba de aumentar su capital, lo que indicaría que no tienen intención de cerrar proyectos sino más bien ampliarlos.
Mientras, en el río Ene el temor sigue creciente entre 18 comunidades asháninkas y 33 asentamientos humanos que serían desplazados por el proyecto Paquitzapango, que cuenta con la inversión de la poderosa compañía brasileña Odebrecht.
En esa zona también se alteraría el proceso natural de crecida y bajada del río Ene y sus afluentes, y por ende la disponibilidad de peces para consumir, refirió a IPS el biólogo Ernesto Ráez, del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia.
Mainique también se ubicaría en un lugar sagrado para el pueblo indígena matsiguenga, que vive en la selva del Bajo Urubamba en Cusco. Se trata de Pongo de Mainique, un estrecho y peligroso paso del río, cargado de peces y de una gran biodiversidad que forma parte del Santuario Nacional Megantoni.
Antes de firmarse el acuerdo con Brasil, el gobierno de Perú debió encargar una evaluación ambiental para estimar los daños, planteó a IPS Castro.
Además, consideró un grave error que no se haya convocado para tomar la decisión a otros sectores estatales que regulan el tema ambiental y trabajan con los pueblos indígenas.
Los especialistas aseguran que Perú no necesita proyectos en la Amazonia para cubrir su demanda energética, porque posee una capacidad instalada superior a 6.000 megavatios proveniente de diversas fuentes, suficientes para las necesidades actuales.
Para 2020 se proyecta una demanda de unos 12.000 megavatios que, según los expertos, fácilmente pueden ser cubiertos con un potencial de 22.000 megavatios calculados en la zona de la cordillera de Los Andes y otros tantos miles en la costa.
A contracorriente de las recomendaciones, el gobierno de Alan García envió en octubre al Congreso legislativo un proyecto para anular la obligación de presentar estudios de impacto ambiental de las concesiones hidroeléctricas como un requisito para obtener la licencia de construcción.
http://ipsnoticias.net/ – Milagros Salazar