El Senasa activa un plan de contingencia hasta el 30 de junio de 2027 tras confirmar en laboratorio la presencia del insecto y autoriza de forma excepcional tratamientos bajo control
La detección del picudo rojo de las palmeras en la isla Martín García ha llevado al Senasa a declarar la emergencia fitosanitaria en ese territorio por un año, con vigencia efectiva hasta el 30 de junio de 2027, según la Resolución 133/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La medida circunscribe el área alcanzada a la propia isla, perteneciente al partido de La Plata (provincia de Buenos Aires), y obliga a intensificar tareas de prevención, vigilancia y control para evitar la dispersión de la plaga, un insecto que ataca a distintas especies de palmeras y que puede avanzar sin ser detectado durante semanas o meses, cuando el daño interno ya es severo.
El caso se activó tras una denuncia ingresada en enero a través del Sinavimo, el canal oficial para notificar detecciones y daños sospechosos. Ese aviso refería afectación sobre Phoenix canariensis y la presencia de ejemplares “compatibles” en estadios adulto y juvenil. El Senasa indicó después que la Dirección de Laboratorio Vegetal confirmó la identificación de Rhynchophorus ferrugineus (picudo rojo).
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La resolución incorpora un componente que explica el salto de alerta a emergencia. El organismo recuerda que la plaga está catalogada como “plaga cuarentenaria ausente” en el territorio nacional y que, hasta este episodio, no existían productos fitosanitarios autorizados para su control en el país. La declaración habilita ahora un régimen excepcional para ensayar herramientas de respuesta en un perímetro acotado, con requisitos de bioseguridad y trazabilidad.
El plan de contingencia aprobado incluye la erradicación de ejemplares afectados cuando corresponda y la aplicación obligatoria de medidas de manejo. Entre ellas figura la autorización provisional de principios activos para tratamientos de endoterapia y exoterapia, con obligaciones específicas en las aplicaciones externas, como la identificación de los ejemplares tratados, la delimitación de zonas de exclusión durante 48 horas (o hasta el secado del producto) y la prevención de derivas en condiciones meteorológicas adversas.
La normativa también fija restricciones de consumo. Queda vedado el uso de frutos de palmeras sometidas a estos tratamientos “hasta nuevo aviso”, y se exige el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Aplicación y de las reglas vigentes a escala nacional, provincial y municipal.
Más allá de la isla, el mensaje institucional apunta a un problema de frontera biológica. El picudo rojo está considerado una de las plagas más destructivas para palmeras ornamentales y productivas en distintas regiones del mundo, y su gestión suele depender tanto de la detección temprana como del control del movimiento de plantas, podas y residuos vegetales. En esa lógica, la resolución obliga a productores, comerciantes, importadores y también a autoridades y organismos públicos a denunciar cualquier hallazgo de ejemplares o daños sospechosos, un recordatorio que enlaza con el debate social sobre plaguicidas y el uso de productos químicos en el medio ambiente.
El Senasa deja, además, una puerta abierta a ajustes futuros. La Dirección Nacional de Protección Vegetal podrá extender el plazo de la emergencia, modificar el área alcanzada o revisar los principios activos permitidos, en función de la evolución del brote y de la evidencia técnica que se reúna durante el operativo.
El régimen sancionatorio remite a la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal y define al Senasa como autoridad de aplicación. El capítulo de sanciones prevé penalidades ante incumplimientos de las normas dictadas por el organismo, en un contexto en el que crece la discusión sobre la exportación de sustancias vetadas y sus efectos.
El comunicado oficial ha sido publicado en Argentina.gob.ar.
