Las aves fringílidas y la mayor parte de aves insectívoras no están consideradas por la normativa como especies cinegéticas por lo que su caza, su captura y su comercio están terminantemente prohibidos.
Sin embargo, sigue existiendo un gran comercio de estas aves, tanto vivas como muertas para diversos fines, tales como su exportación y utilización como pájaros de jaula en el caso de las aves fringílidas e incluso su consumo como «pajaritos fritos».
Son muchos los métodos ilegales de captura de estas pequeñas aves, pero todos son considerados métodos masivos y no selectivos de caza, debido a que pueden causar localmente la desaparición de estas pequeñas aves y además, por las características de su funcionamiento impiden seleccionar la especie objeto de caza.
La buena noticia es que según el ultimo informe en los últimos 10 años en España estas actividades ilegales se han reducido a la mitad, aunque en el Mediterráneo y el resto de Europa lamentablemente sigue practicándose.
La caza de aves en España
El informe The Killing 3.0 evalúa el progreso de 46 países frente al Plan Estratégico de Roma (2020-2030) adoptado en el marco del Convenio sobre Especies Migratorias (CMS/PNUMA), que busca reducir al 50% la caza, captura y comercio ilegal de aves para 2030.
Partiendo de los datos del informe de 2016 (The Killing 2.0), que estimaban la muerte de unos 26 millones de aves anualmente por prácticas ilegales, los resultados del análisis son contundentes: el 83% de los países no están en camino de cumplir esa meta de reducción; el 19% han empeorado sus cifras desde 2020, especialmente en Egipto, Siria, Chipre y Libia y solo 8 países (17%) muestran avances significativos o mantienen niveles muy bajos de IKB.
La caza ilegal de aves, motivada a nivel global principalmente por el lucro comercial, prácticas «tradicionales» no sostenibles (como ha sido el Parany o la captura de aves canoras para enjaular), su uso como mascotas o el control de predadores, es la segunda causa de declive de aves migratorias después de la pérdida de hábitat.
Especies amenazadas como la tórtola europea y el alimoche común, u otras como el jilguero común o la codorniz, vienen siendo algunas de las que enfrentan amenazas críticas por disparos, envenenamiento o trampas ilegales.
España logra avances en la proteccion de fringílidos
España es uno de los pocos países que ha logrado avances notables, destacando la prohibición definitiva en 2018 de la caza de fringílidos para enjaular y concursos de canto, lo que redujo las capturas ilegales en cientos de miles especímenes anuales.
Por otra parte, gracias a las medidas implantadas en la lucha el envenenamiento de fauna, desde 2010 se viene registrando una reducción continuada de los episodios de mortalidad por este método masivo y no selectivo.
Además, se han puesto en marcha proyectos innovadores que han contribuido a impulsar la adopción de medidas contra la caza y captura ilegal de aves, que han fortalecido la colaboración entre ONG, agentes de la autoridad y administraciones públicas, disminuyendo la caza ilegal de fauna en un 50-74% desde 2020.
La creación y formación de unidades especializadas de medio ambiente en los diferentes cuerpos policiales (Seprona, Agentes Forestales y de Medio Ambiente, Policías Autonómicas, etc.) y la Fiscalía General del Estado, así como la labor de detección y forense de los Centros de Recuperación de Fauna han permitido la mejora en la detección, investigación y judicialización de los delitos contra la fauna, dando lugar a una reducción de la impunidad con claro efecto disuasorio.
No obstante, España no puede dar por finalizado este camino, debiendo mantener los medios y esfuerzos realizados para que los índices registrados se mantengan en el futuro. Persisten algunos retos que ponen en riesgo los resultados obtenidos.
La legalización de algunas prácticas de caza es perjudicial
Los intentos de recuperar y legalizar algunas prácticas de caza ilegal prohibidas como el Parany (caza con pegamento) en Valencia o la captura de fringílidos asociada al silvestrismo, pueden poner a España en la situación en la que se encontraba en 2016, cuando se registraban altos índices de mortalidad ilegal.
Por otra parte, el nivel de implicación de las CCAA no es homogéneo, detectándose carencias en el destino de recursos para la formación y especialización de los servicios encargados de la lucha contra las infracciones ambientales o de los centros de recuperación de fauna, piezas esenciales para la obtención de pruebas en los procesos legales abiertos en caso de delitos o infracciones contra la fauna.
Por otra parte, algunas modalidades de IKB como la destrucción de nidos de especies migratorias necesita aún de un amplio trabajo de sensibilización y compromiso de los distintos actores públicos y privados para garantizar la conservación de especies con pérdidas significativas de población (de más del 50% en algunos casos) como golondrinas, aviones comunes o vencejos.
Igualmente, la caza de especies en declive como la tórtola común o la codorniz está suponiendo la pérdida anual de miles de ejemplares de aves que deberían estar catalogadas como amenazadas.
Por último, España sigue siendo un nodo para el tráfico ilegal de rapaces hacia Oriente Medio y de entrada en Europa de aves exóticas desde Latinoamérica, lo que se une al comercio online, que hace de Internet un punto negro para numerosas especies. Esto implica la necesidad de impulsar y dotar de medios suficientes el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES) coordinado por el MITECO.
Según, David de la Bodega Zugasti, coautor del estudio y Técnico del Área de Gobernanza Ambiental: «España demuestra que, con voluntad política, un marco normativo eficiente y la cooperación entre distintos actores, el cambio es posible.
Pero urge armonizar y aumentar recursos en todas las regiones españolas y erradicar prácticas ilegales que aún se amparan en la tradición o en una interpretación retorcida de la normativa». Por otra parte, añade que, «España con estos resultados tiene la responsabilidad de mantener los medios y compromiso actual a nivel interno, pero también a nivel internacional, participando en la capacitación e impulso en otros lugares del Mundo de este modelo que ha resultado efectivo».
Mejoras en la cuenca mediterránea
Con los resultados obtenidos, el informe propone medidas urgentes y coordinadas para gobiernos de la cuenca Mediterránea y Europa con el objeto de reducir la caza ilegal. Entre ellos:
- Mayor voluntad política para la aprobación de planes nacionales y comités multisectoriales
- Mejora en la monitorización de los casos, con la creación de bases de datos públicas y financiación para estudios y medición del problema
- Legislación más fuerte con sanciones proporcionales y armonizadas
- Unidades especializadas en delitos ambientales y formación para jueces, fiscales y agentes de la autoridad
- Campañas de concienciación para reducir la tolerancia cero hacia el IKB;
- Cooperación transfronteriza contra el tráfico ilegal y alternativas económicas sostenibles en zonas en la que la caza ilegal tiene por objeto la subsistencia de la población.
