Greenpeace propone rehabilitar 10 millones viviendas antes de 2040 como eje central para garantizar el derecho a una vivienda digna, reducir la pobreza energética y cumplir los objetivos climáticos. La iniciativa, recogida en el informe Tu llave de la vivienda digna, plantea un giro estructural en la política pública española.
La organización reclama una inversión pública media de 6.000 millones de euros anuales hasta 2040 para transformar el parque residencial envejecido e ineficiente, reducir 48 millones de toneladas de CO₂ y ahorrar más de 4.000 millones anuales en facturas energéticas.
Greenpeace propone rehabilitar 10 millones viviendas con inversión sostenida
La organización plantea multiplicar por diez el ritmo de rehabilitación y convertir la vivienda en pilar del bienestar y la transición ecológica.
Un parque residencial envejecido y energéticamente ineficiente
Greenpeace ha presentado una propuesta integral de política pública para garantizar el derecho a una vivienda asequible, saludable y sostenible.
La iniciativa, desarrollada en el informe “Tu llave de la vivienda digna”, responde a una realidad cada vez más acuciante: el encarecimiento de la vivienda y el envejecimiento del parque residencial están agudizando la desigualdad y la crisis climática.
   |
   |
La organización afirma que es preciso derribar las barreras que dificultan la rehabilitación de viviendas de mala calidad y pobres energéticamente.
Este informe plantea un cambio de enfoque: la vivienda debe dejar de tratarse como un activo especulativo y convertirse en una infraestructura clave para el bienestar, la justicia social y la transición ecológica.
El documento fija un objetivo ambicioso, pero alcanzable: rehabilitar cerca de 10 millones de viviendas antes de 2040, multiplicando por diez el ritmo actual de rehabilitación e incrementando así la ambición del Gobierno presentada a la Comisión Europea en el último Plan Nacional de Renovación de Edificios 2026-2030.
“Nuestras casas son cada vez más caras, más viejas y más ineficientes energéticamente, lo que nos hace más vulnerables. Es inadmisible tener a la ciudadanía en la tesitura de pagar el alquiler o la hipoteca o calentar su casa, y a una sociedad impotente frente al tsunami especulativo y la energía cara y contaminante que nos venden Trump y Putin. Si no se corrige a tiempo, este impacto social, económico y climático seguirá ampliándose y pondrá en riesgo el bienestar de las próximas generaciones. Es urgente que las Administraciones se pongan las pilas, asuman su responsabilidad y garanticen que el derecho a una vivienda digna deje de ser papel mojado”, afirma María Prado, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
La propuesta estima que, con un plan de inversión pública media de 6.000 millones de euros anuales sostenido hasta 2040, España podría contar en ese año con un parque residencial compatible con el escenario de no superar los 1.5 °C del Acuerdo de París.
Ahorro energético, empleo y reducción de emisiones
Esto se traduciría en un ahorro energético que daría lugar a una reducción acumulada de 48 millones de toneladas de CO₂, en un ahorro anual de 4.175 millones de euros en las facturas energéticas -el equivalente a la factura anual de la luz de cinco millones de hogares-, y en la creación de aproximadamente 350.000 empleos en el sector de la rehabilitación para todo el periodo.
“Ha llegado el momento de situar la política pública de vivienda como uno de los pilares del estado del bienestar para las personas y el planeta. Antes de repetir el error de otra burbuja del ladrillo, debemos apostar decididamente por rehabilitar el parque existente para hacerlo de calidad, eficiente, sostenible y accesible. La rehabilitación mejora la calidad de vida, reduce el consumo energético, aumenta el ahorro familiar y baja las emisiones. Las soluciones y los recursos están sobre la mesa, lo que falta es voluntad política”, señala Prado.
Cuatro palancas para transformar la política de vivienda
El informe se articula en torno a cuatro palancas clave: el refuerzo de los derechos para garantizar estándares mínimos de calidad en la compra y alquiler, mediante una nueva articulación legal, con la función social del derecho a la propiedad y una revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Monedero financiero y fondo para vivienda digna
Una nueva arquitectura institucional de cooperación entre las Administraciones, desde lo local hasta lo estatal, para hacer sencilla, accesible y permanente la rehabilitación a todas las personas que lo necesiten con oficinas de barrio; herramientas digitales como el pasaporte de rehabilitación de los edificios; y un nuevo instrumento financiero como solución completa de financiación (que el informe denomina “Monedero”), concebido como una ventanilla única que combina ayudas, ahorro, crédito e inversión pública para facilitar la rehabilitación de forma justa y progresiva.
Greenpeace afirma que en la vivienda convergen la falta de garantía de derechos sociales, los intereses económicos, los retos en la lucha contra el cambio climático, el coste de la energía y, cada vez más, la geopolítica de los combustibles fósiles. Por eso, hace una llamada urgente a construir un nuevo consenso en torno a la vivienda como derecho y a la rehabilitación como el mecanismo para dignificarla.
Este informe recuerda que España cuenta con un parque de viviendas envejecido e ineficiente, que actúa también como causa de la crisis climática: el 50% de las viviendas se construyó antes de 1980 y el 95% antes de la normativa de eficiencia de 2008.
Esta situación se traduce en hogares mal o nada aislados, con graves problemas de accesibilidad y elevados consumos, y facturas de gas y electricidad, que alimentan la pobreza energética, que afecta ya al 21% de los hogares en invierno y al 33,6% en verano, muy por encima de la media europea.
A esta mala calidad se suma un problema estructural de acceso. Entre 2015 y 2023, el precio de compra de la vivienda aumentó un 47% y el del alquiler un 58%, mientras que los salarios sólo crecieron un 17%. El resultado, advierte la organización, es una crisis habitacional que profundiza las desigualdades sociales.
Demandas de Greenpeace
Para hacer posible el salto de escala hacia la transformación a la vivienda digna en las políticas públicas, en la financiación y en la colaboración entre todos los actores involucrados, Greenpeace demanda:
- Definir un plan estratégico revisable y supervisado por el Congreso, la Conferencia Sectorial y la Federación de Municipios y Provincias para rehabilitar 10 millones de viviendas antes de 2040, ampliar el parque público de vivienda social rehabilitada hasta la media europea y acabar con el problema de los desahucios sin alternativa habitacional.
- Hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna, desarrollando por ley la función social que debe garantizarse en cada contrato privado de alquiler o compraventa. Esto permitiría unir habitabilidad con dignidad y recuperar con ambición las Normas Mínimas de Eficiencia Energética (MEPS) propuestas por la Comisión Europea.
- Situar la rehabilitación energética como eje central de la política de vivienda de calidad, clave para el ahorro energético, el bienestar y la resiliencia climática frente a un poder fósil y un clima más peligroso para nuestra salud. Esto debe ocurrir a nivel estatal, autonómico y municipal, promoviendo una mayor colaboración entre las Administraciones y el despliegue de una red de oficinas de barrio o proximidad que faciliten a la ciudadanía los proyectos a modo de ventanilla única y accesible.
- Crear una solución completa de financiación (“monedero”) para garantizar una financiación estable, accesible, suficiente y progresiva para toda la ciudadanía. Para llenar el “monedero” de recursos, esta propuesta establece un Fondo de Vivienda Digna Rehabilitada, que integra parte del Fondo Social por el Clima y otros fondos europeos y nacionales, y una línea ICO de vivienda digna, que canaliza ahorro privado e inversiones en condiciones justas.
- Sustituir ayudas puntuales por un sistema permanente de financiación de la vivienda digna, eliminando subvenciones fósiles y orientando los recursos a la rehabilitación y la vivienda social.
- Frenar la especulación: regular el alquiler de temporada y los pisos turísticos, aumento del IVA a pisos turísticos de grandes tenedores y fin de exenciones fiscales de las sociedades de inversión inmobiliaria.
Seguir leyendo en SOSTENIBILIDAD.-
