Convergència y Unió piden 136 millones para la reestructuración y reindustrialización de empresas catalanas, así como la de utilizar excedentes presupuestarios de ejercicios anteriores a emprendedores.
Las formaciones Convergència y Unió han presentado un grupo de enmiendas conjuntas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el que figura la propuesta de destinar fondos de reestructuración y reindustrialización a empresas catalanas por valor de 136 millones, así como la de utilizar excedentes presupuestarios de ejercicios anteriores a emprendedores.
En una de las enmiendas, las formaciones piden que 136 millones dedicados a reestructuración y reindustrialización a nivel estatal aparezcan bajo una rúbrica específica de Cataluña, con el argumento de que los recursos destinados hasta la fecha «son reducidos y en todo caso insuficientes para dar respuesta a la demanda de proyectos de suficiente calidad e impacto».
Los PGE no priorizan los territorios «más dinámicos» y hacen un reparto «ineficiente», señalan los grupos en las enmiendas, antes de considerar necesaria «una asignación finalista de los programas de reindustrialización para Cataluña».
También dentro la industria, las formaciones catalanas piden 8,3 millones destinados específicamente a la creación de empleo a través de los emprendedores y las pequeñas empresas, mediante el apoyo a centros de emprendedores y puntos de activación empresarial.
En el área de trabajo, reclaman que se compense el descenso del presupuesto asignado a las comunidades autónomas para políticas de los últimos años y que se destine el ahorro obtenido a políticas activas para mejorar la situación del mercado de trabajo.
También proponen mejoras presupuestarias para las políticas activas de empleo y de fomento de los emprendedores, en las que se reconozca con mayores recursos la dimensión local de la política de empleos y se convierta a las entidades locales en elementos clave.
Otra de las enmiendas conjuntas es la propuesta de que, con el objetivo de incentivar la puesta a disposición de viviendas sin ocupar a personas con discapacidad, la reducción por alquiler de bien inmueble destinado a vivienda sea del 100% para los arrendadores que alquilen el inmueble a personas con una discapacidad del 65% o más.
Por su parte, Unió propone acometer «medidas eficientes» para impulsar los incentivos fiscales que permitan eximir del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las donaciones de alimentos realizadas por parte de las empresas productoras, más que para exgirles cumplir con una serie de obligaciones.
ep – INNOVAticias.com
