Zonas de Bajas Emisiones en Castilla y León llegan fuera de plazo, evidenciando un retraso estructural en el cumplimiento de la Ley 7/2021 de cambio climático, que obligaba a su implantación antes de 2023 en ciudades de más de 50.000 habitantes.
Según el Consejo de Cuentas, solo dos ciudades tenían estas zonas plenamente operativas en marzo de 2025, lo que confirma un despliegue lento, desigual y marcado por obstáculos administrativos y judiciales.
Un informe reciente revela que solo dos ciudades, Ávila y Ponferrada, cuentan con ZBE plenamente operativas, mientras el resto ha ido acumulando retrasos o continúa en fases administrativas.
En total, nueve municipios estaban obligados a implantar estas zonas, pero muchos han aprobado las ordenanzas fuera de plazo o aún no han completado el proceso.
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Zonas de Bajas Emisiones en Castilla y León llegan fuera de plazo y evidencian incumplimientos
Un informe oficial revela retrasos generalizados, incumplimientos legales y problemas judiciales en la implantación de las ZBE obligatorias desde 2023.
El informe constata que 7 de los 9 municipios obligados han aprobado sus ZBE, pero todos fuera del plazo legal de 2023.
A fecha de marzo de 2025, solo Ávila y Ponferrada tienen estas zonas plenamente operativas, con señalización, control y sanciones activas. Mientras tanto, ciudades como Salamanca retrasan su entrada en vigor hasta 2029, reflejando un desfase preocupante.
El retraso es aún mayor en algunos casos. Palencia no ha completado la aprobación definitiva de su normativa, mientras que Zamora ni siquiera ha iniciado formalmente su implantación.
Este incumplimiento compromete directamente los objetivos de reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire exigidos por la normativa europea.
Recursos judiciales bloquean la aplicación de las ZBE
El informe revela que 5 de las 7 ordenanzas aprobadas han sido recurridas, generando inseguridad jurídica.
En algunos casos, los tribunales han obligado a rehacer normativas, como en Ávila y Segovia, mientras que en Valladolid una sentencia ha declarado nula su regulación.
Esto retrasa aún más la implantación real de estas zonas. Las ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes no están obligadas a implantar Zonas de Bajas Emisiones, pero algunas han iniciado acciones.
Casos como Soria, Aranda de Duero o Miranda de Ebro reflejan avances en movilidad sostenible, aunque sin un marco obligatorio claro.
Falta de coordinación, control y transparencia
El informe revela que 5 de las 7 ordenanzas aprobadas han sido recurridas, generando inseguridad jurídica.
El Consejo de Cuentas detecta carencias en aspectos clave:
- Falta de coordinación entre administraciones
- Ausencia de indicadores de seguimiento
- Déficit de transparencia en informes públicos
Municipios como Burgos, Valladolid o Zamora deben mejorar sus sistemas de evaluación para garantizar la eficacia de las medidas.
En este contexto, Castilla y León se enfrenta al reto de acelerar la implantación de estas zonas y hacerlas realmente efectivas. De lo contrario, la comunidad corre el riesgo de quedarse atrás en la transición hacia una movilidad más sostenible y cumplir solo de forma parcial con los objetivos climáticos marcados.
