MarViva: Incopesca se atribuye funciones de la Asamblea Legislativa

“Según la sentencia de la Sala, se requiere de una reforma legal con el correspondiente respaldo científico y tecnológico. La Asamblea no ha aprobado ninguna Ley permitiéndole y hasta la fecha la Universidad Nacional y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología han expresado que no existen dichos estudios que avalen la sostenibilidad de esa pesquería”, dijo su director Jorge Jiménez.

El Gobierno enfrentará oposición legal en su nuevo intento por permitir la pesca de arrastre. Este lunes Fundación MarViva insistió en su crítica al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), por acordar emitir nuevas licencias para la pesca de arrastre de camarón.

MarViva afirmó que con su decisión, el Instituto se está atribuyendo funciones de la Asamblea Legislativa.

“Según la sentencia de la Sala, se requiere de una reforma legal con el correspondiente respaldo científico y tecnológico. La Asamblea no ha aprobado ninguna Ley permitiéndole y hasta la fecha la Universidad Nacional y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología han expresado que no existen dichos estudios que avalen la sostenibilidad de esa pesquería”, dijo su director Jorge Jiménez.

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El viernes 10 de noviembre, la Junta Directiva del Incopesca tomó un acuerdo, para permitir nuevas licencias de pesca semi-industrial de arrastre. Según las autoridades estas tienen “características particulares para la pesca sostenible del camarón en el país”.

El acuerdo podría quedar en firme esta semana. MarViva insistió que las nuevas licencias “carecen de fundamento legal y estudios científicos”. La organización aseguró que Incopesca demostró su “falta de compromiso” con pescadores artesanales y el ambiente.

En la sentencia 10540-2013, la Sala Constitucional anuló los artículos de la Ley de Pesca relacionados con permisos y licencias para pesca de camarón con redes de arrastre.

Los magistrados sentenciaron que la técnica:

  • viola el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
  • va en contra de la obligación de proteger las bellezas naturales y la seguridad alimentaria del país,
  • viola el principio de desarrollo sostenible democrático y del principio preventivo,
  • y lesiona los artículos 6,7,21,50,69 y 89 de la Constitución

Ante lo enfática que fue la Sala, MarViva mencionó que Incopesca se extralimitó en sus funciones.

“Sustentada en estudios desconocidos y no avalado por la comunidad científica del país se arrogó el derecho de establecer nuevas licencias para el arrastre de camarón, sin contar de previo, con una Ley para esto”, señaló MarViva en un comunicado de prensa.

Las redes de arrastre capturan todo a su paso, incluido animales que necesitan los pescadores artesanales. Por eso la Sala Constitucional explicó que afecta a este sector.

“(…) atenta contra todo desarrollo sostenible democrático en que todos tengan acceso real a los recursos públicos y que con esta práctica, no se puede hablar de un desarrollo sostenible solidario, puesto que el beneficio de unos pocos afecta severamente a una gran mayoría de pescadores”, sostuvo MarViva.

“El gobierno no ha logrado establecer alternativas para los pescadores, impulsando obstinadamente un mal concebido Proyecto de Ley que no tiene el sustento de la mayoría de las comunidades costeras, de la Academia ni del Sector Ambiental. Cualquier nueva actividad extractiva de camarón debe asegurar que no se produce un desgaste insostenible”, dijo Jiménez.

La Universidad Nacional y el Cimar de la Universidad de Costa Rica; 15 organizaciones ambientalistas; y todo el sector de pesca artesanal se oponen a la pesca de arrastre y al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió para reinstaurar la técnica, que se discute en la Comisión de Ambiente.

Según Incopesca y el Ministerio de Agricultura se cumplen las preocupaciones de la Sala: de utilizar dispositivos para disminuir la captura incidental de las redes de arrastre; demostrar con estudios técnicos esa reducción; y que el proceso fuera compatible con un desarrollo sostenible democrático. Aunque no ha hecho públicos estudios.

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