Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, el incumplimiento en la gestión de residuos en España supone un riesgo económico y reputacional de primer orden para las empresas. La normativa en cuestión ha endurecido de forma considerable el régimen sancionador, elevando las multas y ampliando el alcance de las infracciones consideradas graves y muy graves.
Partiendo sobre esta premisa, ¿a qué se atiene una empresa que decide eludir el cumplimiento de la normativa de envases? Eso es lo que trataremos de responder a lo largo de este artículo.
Multas de hasta 3,5 millones bajo la Ley 7/2022
La ley establece sanciones económicas que, en los casos más graves, pueden alcanzar los 3,5 millones de euros si se trata de residuos peligrosos. Las infracciones muy graves incluyen actividades como el ejercicio sin autorización, el abandono de residuos, la alteración deliberada de datos o la mezcla de productos peligrosos.
Por ejemplo, la simple gestión sin comunicación puede acarrear multas de entre 600.001 y 3.500.000 euros cuando involucra residuos peligrosos, mientras que las infracciones graves oscilan entre 20.001 y 600.000 euros. Del mismo modo, la ley contempla sanciones accesorias como la inhabilitación temporal o definitiva para ejercer la actividad, la clausura de instalaciones y la obligación de restaurar el entorno afectado.
Responsabilidades penales y costes ocultos
El impacto económico del incumplimiento no se limita a una simple infracción económica. Un caso paradigmático es el de dos empresas de gestión de residuos tóxicos en Ciudad Real, condenadas en 2023 por malas prácticas que derivaron en un incendio. Los responsables recibieron penas de prisión, multas económicas, inhabilitación para el sector y una indemnización de 45.000 euros por daños medioambientales.
A todo lo anterior se suman los costes derivados de la pérdida de valor de activos inmobiliarios, la sobrecarga de los sistemas de salud pública por la aparición de plagas o enfermedades asociadas a la contaminación y el incremento de los gastos municipales en limpieza y restauración de espacios afectados. Todo ello configura un escenario en el que la inacción o la gestión negligente de los residuos resulta, a medio y largo plazo, mucho más costosa que la inversión en cumplimiento normativo y buenas prácticas.
Y, por supuesto, el daño reputacional
El daño reputacional es otro factor de peso. Las empresas que incumplen la normativa ven erosionada su imagen ante clientes, inversores y la sociedad en general. Las noticias sobre sanciones o incidentes medioambientales pueden derivar en la pérdida de contratos, dificultades para acceder a financiación y una caída en el valor de mercado.
En sectores como el turismo, la mala gestión de residuos puede provocar un descenso en la afluencia de visitantes y, por tanto, un perjuicio económico indirecto para toda la región. El coste real del incumplimiento en la gestión de residuos trasciende, por tanto, la suma de todas las sanciones administrativas, responsabilidades penales y civiles. Ante el endurecimiento de las penas, la prevención y la transparencia son las únicas vías para trascender cumpliendo con la Ley de Gestión de Residuos.
