Respuesta a los retos de la transición ecológica justa. Más de treinta organizaciones de la sociedad civil han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando una serie de medidas para que la reforma del marco fiscal europeo, impulsada por la Comisión Europea, responda a los retos de una transición ecológica justa.
La Comisión Europea presentó el 9 de noviembre de 2022 una Comunicación sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE. Un documento que reúne las líneas maestras para una adecuación de las reglas fiscales y que, una vez acordadas por los gobiernos, serán obligatorias en todos los países de la UE a partir de 2024.
Desde el año 2020, a raíz de la pandemia de la COVID-19 y posteriormente, en 2021, con la guerra de Ucrania, estas reglas se encuentran congeladas, pero se espera que vuelvan a activarse a finales de este año.
Propuesta de la Comisión Europea
Aunque la propuesta de la Comisión Europea reúne algunos aspectos positivos —como su adaptación en función del país o la posibilidad de que cada Estado miembro elabore y negocie sus planes—, las organizaciones lamentan que esta siga enmarcada en el paradigma del crecimiento económico ilimitado.
Además, señalan que se basa en un gasto público indiscriminado e incoherente con los objetivos para paliar el cambio climático o sociales y en objetivos macroeconómicos arbitrarios, como mantener la deuda pública de los Estados miembro por debajo del 60 % de su PIB y el déficit público por debajo del 3 %.
En palabras de Nicola Scherer, investigadora en justicia financiera del Observatori del Deute en la Globalització, una de las organizaciones que firman la carta: “El marco de gobernanza económica vigente causó en gran parte la crisis de la deuda griega y provocó recortes en las políticas de salud y educación que afectaron especialmente a mujeres y jóvenes.
En nuestro caso, se llegó a cambiar la Constitución reformando el artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda por encima de los gastos sociales. Tenemos que aprender de los errores de 2008 y tener visión a largo plazo. La propuesta de reforma actual no define un marco de mayor capacidad y justicia fiscal para hacer frente a la desigualdad y la crisis ecológica”.
Contrapropuesta de las organizaciones firmantes
Las organizaciones firmantes consideran que el punto de partida debe ser mejorado considerablemente y en la carta se presentan una serie de propuestas:
Reforzar los mecanismos democráticos y de transparencia
Es necesario que se incluya al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales en los debates, y no solamente a los gobiernos. También son necesarios mecanismos robustos de auditoría, control y escrutinio del gasto público.
Aplicar medidas de fiscalidad justa y verde
Una mayor capacidad fiscal pasa por incluir la reforma del Impuesto de Sociedades o un mayor gravamen de las rentas del capital que permitan romper con el trato favorable respecto a las rentas del trabajo. Ampliar la fiscalidad verde, incluyendo una compensación para las rentas más bajas, y luchar eficazmente contra la elusión y la evasión fiscal de las personas más ricas. La deuda —y sus implicaciones para las futuras generaciones— no debe ser la solución alternativa a la insuficiencia y evasión fiscal.
Mayor coherencia del gasto público
Los planes e inversiones deben perseguir el cumplimiento del Acuerdo de París, los objetivos de biodiversidad de Montreal y los derechos recogidos en la Carta Social Europea con el desarrollo de presupuestos sociales más verdes y más lilas e incluyendo indicadores ambientales, climáticos, sociales y feministas. El espacio fiscal generado no debe ser derrochado en pro de un mayor gasto militar y de la ampliación de la infraestructura fósil y nuclear.
Superar el modelo de crecimiento económico ilimitado
Europa tiene una deuda ecológica y de desigualdad que es urgente resolver. No se puede seguir llenando los bolsillos de una minoría a expensas del planeta y las futuras generaciones. Es necesario abrir el debate y hacer partícipe a toda la ciudadanía, en pro de una economía más justa y resiliente, al servicio de las personas y dentro de los límites del planeta. Respuesta a los retos de la transición ecológica justa.
