A través de un comunicado, la Confederación de Sociedades Científicas españolas (Cosce), la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)
La Comunidad científica ha señalado que «todavía hay margen de actuación» pata reflotar la I+D+i en España, pero pide al Gobierno que actúe «de manera urgente», con «visión estratégica y perspectiva de futuro».
A través de un comunicado, la Confederación de Sociedades Científicas españolas (Cosce), la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), la Plataforma de Investigación Digna, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), CC.OO., UGT y el Foro de Empresas Innovadoras (FEI), han destacado la «crudeza» que, a su juicio, sufre la I+D+i y proponen como «salida» a esta situación la cooperación entre las universidades, los organismos públicos de investigación y las empresas.
Además, piden que se sumen también organizaciones representativas de los colectivos empresariales más innovadores, «para cerrar así el círculo de instituciones que no quieren permanecer impasibles ante unas orientaciones que retrotraen los gastos en ciencia e innovación a cifras
casi olvidadas .
Según han señalado, uno de los motivos que explican por qué la crisis está afectando «tan severamente» al país, es que «el sistema productivo no está suficientemente basado en la Investigación y la Innovación». «Basta recordar que el gasto español en I+D+i es del 1,35 por ciento del PIB, mientras la media europea es del 2 por ciento y en Alemania del 2,8 por ciento», han apuntado.
A su juicio, «es imprescindible cambiar esta situación» y debe hacerse con «celeridad» porque, según han indicado, «no habrá una salida sólida de la crisis hasta que esta debilidad en I+D+i se corrija».
La comunidad científica denuncia que la respuesta dada desde el Gobierno «a partir del año 2009 y acentuada en los últimos dos ejercicios, consiste en someter a la I+D+i a un constante retroceso, que empieza a poner en grave riesgo la estructura de investigación e innovación construida con enorme esfuerzo desde la instauración de la democracia, con la puesta en marcha de la ley de Ciencia de 1986».
Para los científicos, «arriesgar así el sistema científico y de innovación significa una pérdida clara de referencia y de esperanza ante el alarmante proceso de deterioro del tejido productivo».
En el texto, la comunidad científica ha denunciado que los Presupuestos del Estado para I+D+i de 2013 presentan, por quinto año consecutivo, un importante descenso que en conjunto alcanza el 7,21 por ciento, quedando por debajo de los 6.000 millones de euros. Se argumenta que se conservan los fondos destinados a I+D+i civil, pero no se matiza que se produce un descenso del 13,68 por ciento de las partidas no financieras (subvenciones) que se convierten en préstamos (partidas financieras).
Al respecto han apuntado que, aunque cierto volumen de fondos financieros es necesario, en particular para el funcionamiento del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la realidad muestra que «en los últimos años una parte muy importante de estos fondos han quedado sin ejecutar». Así, han explicado que en el año 2011 fueron 3.000 millones de euros y han estimado que en este año 2012 serán más de 1.200 millones.
Según han señalado, en contrapartida, los fondos no financieros, los recursos humanos y técnicos y los presupuestos de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), se ejecutan por encima del 98 por ciento.
Además, han denunciado que se prevé una reducción del 23 por ciento de los fondos no financieros del Programa de ‘Fomento y coordinación de la Investigación’; y el Fondo Nacional, en el que se integran las convocatorias de proyectos de investigación del Plan Nacional de Investigación y las de Recursos Humanos, pierde casi 70 millones de euros, mientras el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), que financia una parte importante de los proyectos y los recursos humanos dedicados a investigación del Sistema Nacional de Salud, acumula el 48 por ciento de caída desde 2008.
En este sentido, han indicado que «los recursos humanos son la parte fundamental del sistema de I+D+i». A su juicio, «se requiere la inserción en el tejido empresarial de personas altamente cualificadas y en particular de doctores». Sin embargo, han apuntado que, en 2012, se han concedido 400 ayudas menos que en 2011 para la formación de doctores, situación que, según han indicado «se repetirá en 2013».
UNA BRECHA GENERACIONAL EN EL SISTEMA CIENTÍFICO
Del mismo modo, han señalado que la convocatoria de contratos post-doctorales en el extranjero ha sido anulada. El programa JAE (pre y postdoctoral, técnicos y gestión) del CSIC ha quedado en suspenso y las convocatorias de Ramón y Cajal y Juan de la Cierva acaban de ser convocadas, con importantes restricciones en su número y con meses de retraso. «Todo ello unido a la política de mínima reposición de plazas de investigadores, está creando una brecha generacional profunda en el sistema científico y forzando a un exilio indefinido a nuestros jóvenes mejor formados».
La comunidad científica ha señalado que los OPIS sufren una asfixia presupuestaria que pone en serio peligro su supervivencia y va paralizando su investigación por falta de liquidez, que ya afecta a aspectos básicos como la compra de reactivos y el material esencial para desarrollar la investigación.
«La acumulación de déficit presupuestarios sucesivos, unido a las reformas laborales impuestas por el gobierno, pone en serio riesgo el mantenimiento de muchos de sus puestos de trabajo», señalan los expertos en el documento.
Del mismo modo, han denunciado que las universidades viven «una situación similar». «Tradicionalmente infradotadas presupuestariamente, las recientes y desorbitadas subidas de precios públicos no han repercutido en sus presupuestos sino que han visto reducidas las transferencias de la Administración, al tiempo que experimentan una disminución del número de alumnos, especialmente en posgrado y doctorado», han señalado.
Así, han apuntado que los centros están asfixiados por los gastos corrientes, que se han visto obligados a reducir drásticamente sus fondos propios de investigación. Además, han apuntado que «muchas universidades empiezan a tener serias dificultades de liquidez para la ejecución y gestión de los proyectos nacionales y europeos».
SECTOR PRIVADO
Por otra parte, el documento destaca la situación del sector privado. Según han explicado, la inversión en I+D por parte de las empresas descendió en 2011 por primera vez desde que se tienen estadísticas y el número de empresas innovadoras ha disminuido en los últimos años.
Estas cifras se deben, según han indicado, a la inexistencia de un entorno que consolide estas inversiones. Para ello, consideran imprescindibles el mantenimiento de políticas de apoyo a la inversión en estos segmentos y la continuidad en el mensaje de cambio y progreso.
También han denunciado que la Agencia Estatal para la Investigación, contemplada en la Ley de la Ciencia, sigue sin ver la luz y los PGE 2013 no contemplan ninguna partida presupuestaria para ella.
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