Política climática y lobby fósil. Un informe de Ecologistas en Acción sobre la política climática europea argumenta que la estrategia revisada a largo plazo de la UE prioriza la desregulación sobre la acción climática efectiva, creando una brecha creciente entre la urgencia científica y la toma de decisiones políticas.
El análisis de Ecologistas en Acción revisa la evolución de la legislación climática de la UE, contrastando el progreso logrado bajo el Pacto Verde Europeo en el período 2019-2024 con el ciclo actual 2024-2029, influenciado por el informe Draghi sobre competitividad.
Concluye que las medidas que antes estaban alineadas con la evidencia climática, económica y social se han diluido, convirtiendo los compromisos en ejercicios contables en lugar de una vía creíble de descarbonización.
Un giro en política climática que prioriza la desregulación en la Unión Europea
Un informe de la organización ecologista denuncia que la nueva estrategia europea hacia 2040 supone una peligrosa desconexión entre la urgencia científica y la voluntad política.
Un estudio sobre la política climática europea elaborado por Ecologistas en Acción considera que la revisión de la estrategia a largo plazo de la UE da prioridad «a la desregulación sobre la supervivencia climática» en lo que supone «una peligrosa desconexión entre la urgencia científica y la voluntad política».
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El texto ‘Cuando el lobby fósil rebaja la ciencia: desregulación y captura corporativa en el giro climático de la UE hacia 2040’ analiza la evolución de la normativa climática europea y el impacto en las leyes ómnibus aprobadas a lo largo de 2025.
Para hacerlo, compara los avances del Pacto Verde Europeo durante el mandato 2019-2024 con la estrategia desplegada en el actual ciclo legislativo 2024-2029, marcado por el informe del político y economista italiano Mario Draghi sobre competitividad europea.
El texto señala que las recomendaciones científicas eran «óptimas a nivel climático, económico, social y laboral» pero el actual ciclo político «ha alterado el rumbo» hasta convertir el compromiso europeo en «una estructura de contabilidad creativa, más que en una hoja de ruta de descarbonización real».
Las leyes ómnibus y la simplificación de la normativa ambiental
La UE formalizó este cambio, apunta, en marzo de 2025 mediante la Declaración de Budapest que consagró la desregulación bajo el concepto de ‘simplificación’ en lo que representa «una continuidad con la ortodoxia económica de corte neoliberal» que plantea «riesgos significativos para la sostenibilidad ambiental».
Ecologistas en Acción recuerda que durante este año han sido aprobadas diez leyes ómnibus que modifican la normativa climática y ambiental al interrumpir la obligación de presentar informes de sostenibilidad, paralizar el reglamento de Diligencia Debida, posponer obligaciones ambientales relacionadas con baterías y simplificar requisitos sobre sustancias tóxicas, entre otras medidas.
Al renunciar a actuar «contundentemente», la UE «incumple su liderazgo internacional en el marco del Acuerdo de París» y además «envía una señal negativa a otros países al no realizar las medidas que exige internacionalmente», lamenta.
España ante la falta de objetivos propios de descarbonización
En el caso de España, la organización ecologista destaca que «no presenta objetivos específicos propios de reducción de emisiones» sino que se limita a asumir el objetivo europeo, aunque «debería alcanzar la descarbonización de su economía en el año 2040«.
Además, el cambio de prioridades de la UE hacia la competitividad y la desregulación «afectará inevitablemente a la política climática española» a través de una revisión de todos los programas y paquetes normativos del anterior ciclo legislativo que, pronostica, se producirá en el tercer y cuarto trimestre de 2026.
Eso puede suponer la modificación de las normativas climáticas y, «sin una estrategia integral que anteponga la justicia social y la protección ambiental», el Estado «reproducirá el mismo sistema que nos ha llevado a la crisis climática actual», augura.
El cambio se formalizó en 2025 mediante políticas enmarcadas como «simplificación», incluyendo leyes ómnibus que debilitaron los informes de sostenibilidad, retrasaron las obligaciones ambientales y relajaron las normas sobre sustancias peligrosas. La organización advierte que esto socava el liderazgo de la UE en el marco del Acuerdo de París.
En España, el estudio señala la falta de objetivos nacionales de emisiones más allá de las metas de la UE y advierte que futuras revisiones regulatorias podrían debilitar aún más la política climática sin un marco centrado en la protección ambiental y la justicia social. Seguir leyendo en ECOticias.com / EFE
