El pulso entre la Casa Blanca de Donald Trump y la eólica marina ha subido varios grados. La Administración estadounidense ha suspendido el arrendamiento del proyecto Revolution Wind, un parque marino de 704 megavatios frente a la costa de Rhode Island, y la danesa Ørsted ha respondido con una demanda urgente para intentar frenar el parón. La pregunta evidente es sencilla, aunque incómoda. Qué significa todo esto para la transición energética y, al final, para la factura de la luz en la costa este.
Un parque casi terminado y miles de millones en juego
Revolution Wind es el primer gran parque eólico marino para Rhode Island y Connecticut. Se levanta a unas 15 millas de la costa y está diseñado para suministrar 704 megavatios de electricidad. Según los propios promotores, esa potencia bastaría para cubrir el consumo anual de más de trescientas cincuenta mil viviendas en los dos estados, alrededor del dos y medio por ciento de la demanda eléctrica regional.
El proyecto es una empresa conjunta al cincuenta por ciento entre Ørsted y Skyborn Renewables, del fondo Global Infrastructure Partners, y se considera clave para los objetivos climáticos de la zona. Rhode Island calcula que la energía del parque puede evitar once millones de toneladas de CO₂ a lo largo de su vida útil, una ayuda importante para llegar al objetivo de cero emisiones netas en 2050.
No se trata de un proyecto en papel. Cuando llegó la última orden de suspensión, Revolution Wind estaba ya en torno a un ochenta y siete por ciento ejecutado, con todos los cimientos instalados y cincuenta y ocho de los sesenta y cinco aerogeneradores ya montados en el mar. Más de mil personas trabajan directamente en la obra y las inversiones comprometidas rondan los cinco mil millones de dólares.
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Para cualquier hogar de la zona esto se traduce en algo muy concreto. Si el parque entra en operación, hay más electricidad limpia en la red y menos dependencia de gas o carbón. Si se queda a medias, el resultado se parece más a una obra parada, costes hundidos y más incertidumbre en la factura.
De los parones por “seguridad nacional” al choque legal
El choque no ha empezado en diciembre. En agosto de 2025, la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica de Estados Unidos emitió una orden para detener las obras de Revolution Wind por supuestos motivos de seguridad nacional. Un juez federal en Washington consideró pocas semanas después que la decisión era probablemente arbitraria y permitió reanudar los trabajos de forma cautelar.
Pese a ese primer revés, el Gobierno de Trump volvió a la carga el 22 de diciembre de 2025. Esta vez decidió suspender durante al menos noventa días los arrendamientos de cinco grandes parques eólicos marinos en construcción en la costa este, entre ellos Revolution Wind, alegando otra vez riesgos para la seguridad y la interferencia con actividades militares o científicas en el mar.
En la práctica, una suspensión del arrendamiento significa que el promotor no puede seguir utilizando la zona marina asignada, aunque haya cumplido todo el proceso de evaluaciones ambientales y permisos, como es el caso de Revolution Wind, que obtuvo luz verde federal en 2023 tras años de análisis y consultas con el Pentágono.
El presidente Trump ha sido abiertamente hostil al sector. En múltiples ocasiones ha calificado los aerogeneradores como “feos” y un “desastre” para la economía y el medio ambiente, y su nueva etapa en la Casa Blanca ha ido acompañada de intentos de frenar tanto nuevos arrendamientos marinos como proyectos ya en construcción.
Lo que defiende Ørsted ante el juez
Ante esta nueva ofensiva, Ørsted ha decidido no limitarse a esperar. El uno de enero la compañía anunció que Revolution Wind LLC presentaría una demanda y solicitaría una orden de medidas cautelares en el Tribunal de Distrito de Columbia. En su comunicado, la empresa sostiene que la suspensión del arrendamiento viola el marco legal que regula los proyectos en la plataforma continental, ignora años de trabajo técnico y administrativo y causa un “daño sustancial” al proyecto.
La compañía recuerda que ha invertido y comprometido miles de millones de dólares confiando en un proceso de revisión “exhaustivo” y en acuerdos formales con las autoridades de defensa. El parón no solo pone en riesgo el retorno de esa inversión. También añade costes diarios por equipos y barcos especializados parados en puerto, y amenaza el empleo de más de mil trabajadores de sindicatos locales. Diferentes estimaciones judiciales han cifrado las pérdidas por día de parada en torno a dos millones de dólares.
Pocos días después, un juez federal concedió una nueva medida cautelar que permite a Revolution Wind reanudar la construcción mientras continúa el litigio sobre la legalidad de la suspensión del arrendamiento. Es una victoria parcial. El reloj legal sigue corriendo, igual que el reloj económico del proyecto.
Qué está realmente en juego
Más allá del choque político, la disputa envía un mensaje a todo el sector de las renovables marinas. Si un proyecto casi terminado, con todos los permisos y acuerdos de mitigación firmados, puede quedar bloqueado de un día para otro, la señal para los inversores es de inseguridad regulatoria. Y eso se traduce en proyectos más caros o directamente cancelados.
Para la ciudadanía de la costa este, la discusión suena más lejana, pero tiene consecuencias muy concretas. Menos renovables en el sistema significa más exposición a los precios del gas en invierno, más emisiones y un retraso en los objetivos climáticos de cada estado. Los operadores de red y algunos gobiernos estatales ya han advertido de que la paralización de grandes parques marinos complica la tarea de mantener un suministro estable y limpio en una región donde la demanda eléctrica crece por la electrificación y los centros de datos.
En el fondo, lo que se dirime en este caso no es solo el futuro de un parque en el Atlántico. Es hasta qué punto un país está dispuesto a dar estabilidad a las inversiones en energía limpia cuando cambian las mayorías políticas.
El comunicado oficial en el que Ørsted anuncia la acción legal de Revolution Wind y detalla el impacto de la suspensión ha sido publicado en la web corporativa de la compañía.
