Cada año, las administraciones públicas destinan un porcentaje significativo del PIB a la adquisición de bienes, servicios y obras. Este volumen de gasto convierte a la contratación pública en un instrumento estratégico no solo para cubrir necesidades operativas, sino también para orientar el mercado hacia prácticas responsables con el medio ambiente y la sociedad.
Es por eso que la contratación pública emerge en los últimos años como una de las palancas más poderosas de las que disponen los Estados, sobre todo desde la perspectiva de Europa, para impulsar el cambio hacia un modelo económico más sostenible, inclusivo y competitivo. Como indica el análisis de ECODES.
Toca apoyarse en la contratación pública
La presión sobre el planeta alcanza niveles cada vez más peligrosos. El cambio climático es el mayor desafío global y exige una transformación profunda y rápida de nuestras economías y modos de vida. En este contexto, la contratación pública emerge como una de las palancas más poderosas de las que disponen los Estados para impulsar este cambio.
Y es que puede utilizarse como herramienta para mitigar el impacto medioambiental del sector público y proporcionar una señal de mercado fuerte para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono y la resiliencia de sectores económicos como la industria, la construcción, el transporte, la energía y la agricultura.
Al representar un elevado porcentaje del gasto público, la contratación no debe entenderse únicamente como un procedimiento técnico, sino como una herramienta estratégica capaz de orientar los mercados hacia soluciones sostenibles, resilientes e innovadoras y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unión Europea, desde el Pacto Verde o el Clan Industrial Deal a la Estrategia de granja a la mesa. Si se alinea con los objetivos climáticos de la Unión Europea, puede desempeñar un papel decisivo en la creación de mercados para tecnologías limpias y en la aceleración de la transición hacia la neutralidad climática.
La contratación pública sostenible permite:
- Reducir las emisiones y mitigar el impacto ambiental de la acción pública.
- Favorecer la innovación, la resiliencia industrial y la inclusión social.
- Impulsar el empleo local, las PYME y las industrias limpias.
- Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Fortalecer la legitimidad de los poderes públicos al predicar con el ejemplo.
La reforma de las Directivas de contratación pública de la UE constituye, por tanto, una oportunidad histórica para modernizar la economía europea, fortalecer la competitividad y garantizar que cada euro invertido con fondos públicos genere el mayor impacto social, ambiental y económico posible. No se trata únicamente de un ejercicio de ambición política, sino de una actualización inteligente: mejorar el rendimiento, reducir riesgos y liberar todo el potencial de la contratación pública como motor de la descarbonización y la innovación industrial. Sin esta reforma, la UE corre el riesgo de quedar rezagada hacia las tecnologías limpias y el comercio justo.
La contratación pública ecológica es, en definitiva, un catalizador de la transformación industrial europea y un camino hacia un futuro sostenible, resiliente y competitivo. Datos clave
- La contratación pública representa una de las principales palancas económicas e industriales de la Unión Europea, con un peso cercano al 15 % de su PIB. Asimismo, es responsable del 10% de la huella de carbono total de la Unión Europea (UE).
- Aunque el Acuerdo de París compromete a los países de la UE a reducir drásticamente las emisiones de GEI, más de la mitad de los procedimientos de adjudicación de contratos en la UE se basan únicamente en el precio más bajo, pasando por alto la sostenibilidad y la rentabilidad a largo plazo.
- En España, el nivel de gasto en contratación pública de 2023 alcanzó el 11,55% del PIB y el 24,87% del total del gasto público, tal y como se refleja en los datos publicados por Eurostat.
- Durante 2023, en España se licitaron 196.763 contratos (un 7,66% más que en 2022), por un importe total (PBL, sin incluir impuestos) de 107.557,67 millones de euros (con un incremento del 8,56%), según los datos del Informe anual de supervisión de la contratación pública de España.
Ahora es el momento para los Estados miembros
En las orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2024-2029 ya se señalaba la importancia de la contratación pública ecológica y se anunciaba el inicio del proceso de revisión de las Directivas en esta materia, destacando que constituye “una de las principales palancas disponibles para desarrollar bienes y servicios innovadores y crear mercados punteros en tecnologías limpias y estratégicas”.
En la misma línea, el Clean Industrial Deal ha situado a la contratación pública en el centro de la política industrial europea, al reconocer su potencial para generar demanda temprana de soluciones innovadoras y bajas en carbono, reduciendo riesgos de inversión y acelerando la creación de mercados líderes en tecnologías limpias y sostenibles. Tal como se avanzó en las directrices políticas del nuevo mandato 2024-2029, la Comisión Europea ha puesto en marcha el proceso de revisión de las Directivas de contratación pública. Este paso responde también a la petición del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y del Consejo.
La iniciativa abarca la evaluación de las siguientes normas:
- Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
- Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública.
- Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
El periodo de consulta pública estuvo abierto del 13 de diciembre de 2024 al 7 de marzo de 2025. Tras su cierre, la Comisión Europea publicó un informe de síntesis con los resultados, que recogen la experiencia acumulada después de diez años de aplicación de las Directivas. Con 733 respuestas de autoridades públicas, empresas, asociaciones, ONG, sindicatos y ciudadanos, el documento ofrece una visión amplia sobre el funcionamiento del marco actual y los aspectos que requieren mejora.
Asimismo, el proyecto de Informe sobre la revisión del marco de contratación pública fue aprobado —con enmiendas significativas— por la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento Europeo el pasado 7 de julio. La votación se saldó con 34 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. La aprobación por el Pleno del Parlamento Europeo está prevista para el lunes 8 de septiembre.
Principales puntos de la reforma
Algunos de los riesgos de la actual normativa de contratación pública son:
- Da prioridad a las ofertas de menor coste sobre el valor a largo plazo
- Crea inseguridad jurídica para los compradores que persiguen objetivos climáticos o sociales.
- Conduce a una adopción fragmentada e incoherente de la CPE en los Estados miembros.
La revisión de la Directiva debería:
- Desplazar la atención del coste más bajo a la mejor relación calidad-precio y sociedad, incluidos los resultados medioambientales, sociales y económicos.
- Introducir criterios de sostenibilidad claros y armonizados para agilizar la aplicación y reducir la fragmentación.
- Proporcionar seguridad jurídica y herramientas prácticas para reducir la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento, tanto para los compradores como para las empresas, especialmente las PYME.
- Reforzar la capacidad del sector público mediante la mejora de las guías, la formación y las herramientas de seguimiento.
- Permitir decisiones más inteligentes, basadas en el ciclo de vida, que apoyen la innovación y las infraestructuras duraderas, sin aumentar el gasto.
Además de los beneficios ambientales, la contratación pública sostenible genera impactos sociales y económicos. De esta manera, se convierte en una herramienta para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en los compromisos climáticos internacionales, como el Acuerdo de París o el Pacto Verde Europeo. ECODES / ECOticias.com
