Día Internacional de la Tierra, reflexiones sobre la informalidad y la gestión ambiental

La palabra informalidad genera múltiples reacciones desde aquellas condescendientes hasta aquellas condenatorias. Cierto es que la informalidad es un fenómeno complejo pero no por ello debe dejar de abordarse en la búsqueda de avanzar hacia la gestión ambiental sostenible.

Hasta ahora han primado dos perspectivas en el análisis de la informalidad: la económica y la legal. Lo informal ha estado fuertemente vinculado al grado de pertenencia al Estado (y especialmente al llamado Estado de Derecho) y tiene que ver en qué medida está registrado y regulado por las instancias gubernamentales.

La informalidad es el campo amplio que incluye la ilegalidad derivando ocasionalmente en delincuencia. Gerard Verna (citado por Arista, 2004) ha clasificado los campos de actuación cuando se cruzan las variables de grado de legalidad y el grado de legitimidad. Así reconoce 4 campos:

  • Acciones normales: cuando se cruza la legalidad con la legitimidad
  • Acciones informales: cuando se cruza la ilegalidad con la legitimidad
  • Acciones criminales: cuando la ilegalidad y la ilegitimidad se encuentran.
  • Violencia legal: cuando existen acciones legales pero ilegítimas.

Hay que reconocer que en el universo rural lo informal puede hacer alusión a actividades ilícitas como aquellas que no siendo tales no están registradas ni reguladas por las entidades gubernamentales tal como se ha explicado líneas arriba. En el mundo rural existen muchas transacciones que se realizan con medios monetarios o a través de intercambios sin monedas (trueque) que también caen en el fenómeno de la informalidad.

Ahora bien, haciendo un acercamiento hacia la realidad rural encontramos que esta clasificación cada vez pierde límites semánticos en tanto existen estrechas interrelaciones con los medios urbanos y por las propias tendencias de urbanización del mundo rural. A nivel de derechos también existe una gradación, así por ejemplo hay casos de titulares que viven permanentemente en el medio rural, titulares que viven en el medio urbano y que ocasionalmente visitan sus propiedades rurales y titulares que no viven en su predios rurales pero que cuentan con personal contratado que realizan las actividades propias de la propiedad rural. Todas estas variantes han de ser analizadas y comprendidas por ejemplo al diseñar esquemas de retribución por servicios ecosistémicos, no vaya a ser que por tener una mirada simplificada estemos generando incentivos para nuevas ocupaciones precarias de tierras o premiando al que no corresponde.

Hasta ahora han primado dos perspectivas en el análisis de la informalidad: la económica y la legal.

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Lo mismo es válido para el caso del financiamiento que sustenta el desarrollo de actividades productivas. Así tenemos al productor rural que solo usa sus propios recursos, de la familia o de la comunidad (a través de actividades solidarias como las mingas), al productor rural que se financia con recursos externos que pueden provenir de fuentes formales o informales. Es conocido el caso de la habilitación que es una fuente de financiamiento que en muchas ocasiones deriva en enganche y hasta endeudamientos impagables.

Visto así las cosas, podemos encontrar posiciones encontradas en el abordaje de la informalidad. En un extremo aquella que busca la máxima formalización (es decir registrarse, obtener licencias, pagar impuestos) hasta aquella que llama la atención sobre el carácter de exclusión de la informalidad. De un lado se pone énfasis en todos los problemas que se derivan de la informalidad (pérdida de ingresos al fisco, explotación de personas, contaminación, degradación de recursos, entre otros, y de otro lado se pone de manifiesto en los valores ocultos y visibles de la informalidad como emprendimiento, innovación y creatividad, energía social y cultural. Existe por tanto la posibilidad de ser muy sectario y fundamentalista en el análisis o tener una mirada muy amplia e integral del tema.

Encontramos que muchas veces bajo el imperativo del Estado de derecho tratamos que todos los ciudadanos acepten el contrato entre los Estados y los ciudadanos. Esto parece normal pero desconoce que en el contexto de alta sociodiversidad de nuestros países no existe una sola nación sino múltiples naciones y por lo tanto múltiples culturas. Aunque parezca que el concepto de Estado ya no tiene lugar para las discusiones resulta que estas diversas naciones tienen diversos entendimientos de lo que significa el Estado y múltiples formas cómo se relacionan con el Estado. Sabemos que existen localidades rurales que subsisten con escasos recursos económicos y son las prácticas de solidaridad y colaboración las que la hacen viables. Los principios de autodeterminación económica y del modelo de desarrollo propio de los pueblos indígenas deben ser respetados.

Pero de otro lado también tenemos diversos grados de presencia y de comportamiento del Estado en los medios rurales. Así podemos encontrar diversos grados de presencia del Estado (muchas veces débil en los medios rurales) e incluso ausencia del Estado (explicado por distancias y la alta dispersión de caseríos y comunidades, cuando no por la baja cantidad de pobladores) llegando al caso de presencia del Estado pero explícita o implícitamente a favor de los intereses económicos de los grupos de poder. Este vacío o debilidad es justamente aprovechado por sectores formales o informales/ilegales de la economía para favorecer la explotación de recursos naturales. El mercado nacional o global juega su parte al exigir cada vez más vorazmente las materias primas que necesitan para su desarrollo. El Estado también consciente o inconscientemente juega un papel en estas relaciones. Por ejemplo cuando compra madera o muebles independientemente de si proceden de bosques manejados o de extracción ilegal.

Quiere decir entonces que la informalidad representa un esquema de organización del poder de relación de actores y no únicamente rurales reacios y contestatarios que se niegan a incorporarse al Estado de Derecho. Tanto error hay en aquellas perspectivas exclusivamente sancionadoras como en aquellas extremadamente permisivas en nombre de la pobreza. Existen varios casos en los que estas economías informales aparentan moverse en la pobreza cuando en verdad se mueven ingentes cantidades de recursos económicos. Por eso, se reitera que no es un tema únicamente de carácter legal, social o económico, sino que es un tema complejo que tiene que ser entendido y abordado como tal y que la dimensión que debe orientar el proceso refiere a su carácter de sostenibilidad y justicia.

La necesidad es una fuerte motivación para la incursión de actividades informales e incluso ilícitas del aprovechamiento de recursos naturales. Cuando la necesidad se encuentra con la ambición externa se tienen los ingredientes perfectos para exacerbar los procesos de explotación de recursos aún cuando deriven en procesos informales o ilegales.

Corresponde a los Estados generar enfoques estratégicos para el abordaje de la informalidad en el sector rural. Mucho de los problemas de la informalidad requiere en los costos de transacción demasiado elevados para los productores rurales. Trámites largos y engorrosos disuaden los procesos de formalización. Estructuras caóticas de otorgamiento de permisos y derechos también complotan para exacerbar los procesos de informalización. Por ejemplo la aprobación de planes de manejo forestal comunitario después de 8 meses o un año no ayudan para nada a la producción forestal sostenible. Se requiere entonces desarrollar estrategias específicas para el sector rural que fomenten la competitividad con enfoques de interculturalidad, género y equidad.

No se trata únicamente de pensar que porque una norma ya salió publicada en la gaceta oficial o porque la norma ya está colgada en la web institucional de manera automática la gente ya tiene que conocer, entender, aplicar y respetar la norma. Si el problema es el desconocimiento entonces hay que desarrollar verdaderos esfuerzos para que la norma sea conocida tomando en cuenta las características del mundo rural. Pero hay que reconocer que el tema de la informalidad no tiene necesariamente estrecha correlación con el grado de conocimiento de la norma. También hay que generar una cultura de formalización con equidad e igualdad.  Muchas veces son los propios referentes de los Estados que no dan mensajes positivos de equidad como por ejemplo cuando se niegan financiamientos a pequeños sectores productivos del mundo rural y no se duda un instante a realizar salvatajes financieros a la banca.

Finalmente, es importante que al elaborar estrategias de gradualidad en los procesos de formalización se evalúe bien cada paso. Por ejemplo, dejar que se contamine la vida en los ríos con mercurio, que finalmente deriva en la sangre de los pobladores río abajo, en nombre de la gradualidad no es sensato. Al pensar en los incentivos para la formalización (reconociendo que absolutamente todo no puede ser formalizado como por ejemplo economías solidarias locales) no debe dejarse de lado el tema psicológico para convertir la energía emprendedora en un catalizador para la gestión ambiental sostenible al cual todos estamos llamados.

ECOticias.com

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