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Cs pedirá desde el Congreso al Gobierno que no se tire Vuelta Ostrera hasta que esté la nueva depuradora

Dicha proposición no de ley, que se debatió en el Pleno del Parlamento regional del pasado 27 de febrero, salió adelante con el 'sí' de PP, PSOE, PRC y Ciudadanos y el rechazo del otro grupo con representación, Podemos.
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Fecha de publicació: 17/03/2017, 09:13 h | (16) veces leída
Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno central a efectuar "de manera inmediata todas las acciones necesarias, dentro de sus competencias", para evitar la demolición de la actual depuradora de Vuelta Ostrera (Suances), declarada ilegal por el Tribunal Supremo, antes de la puesta en marcha de la nueva instalación.
La iniciativa, con fecha de este jueves, 16 de marzo y a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha registrado para su debate en la Comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso poco más de dos semanas después de haberse aprobado en el Parlamento de Cantabria la presentada por la formación naranja con una petición similar pero en ese caso dirigida al Gobierno autonómico (PRC-PSOE).
Dicha proposición no de ley, que se debatió en el Pleno del Parlamento regional del pasado 27 de febrero, salió adelante con el 'sí' de PP, PSOE, PRC y Ciudadanos y el rechazo del otro grupo con representación, Podemos.
En la proposición no de ley registrada por Ciudadanos en el Congreso se hace un recorrido histórico por el devenir de esta estación depuradora.
Así, se explica que, en 2001, tras el acuerdo adoptado en Consejo de Ministros que declaró como zona de reserva una parcela de terreno de 87.450 metros cuadrados en la ría de San Martín, en Suances (Cantabria), en un humedal de dominio público-terrestre conocido como marismas de la Junquera o de Cortiguera, se aprobó el proyecto para la construcción de la depuradora de Vuelta Ostrera.
Se relata también que, al "mismo tiempo" que se da ese paso, se produjo la primera denuncia de la asociación ecologista ARCA, que alertó del "error" del acuerdo al incumplirse, supuestamente, la Ley de Costas.
Se recuerda que la depuradora fue inaugurada, aún sin entrar en funcionamiento, el 1 de agosto de 2015 por la ministra de Medio Ambiente, la socialista Cristina Narbona, tras una inversión de 24 millones de euros, financiada en un 85 por ciento por la Confederación Hidrográfica del Norte, a través del Fondo de Cohesión Europeo, y el resto por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
Además, Ciudadanos explica que se trata de una infraestructura, con capacidad para tratar las aguas residuales de unos 370.000 habitantes, está ubicada en Suances y forma parte del saneamiento integral de la cuenca del Saja-Besaya, un proyecto de 145 millones de euros de inversión que incluía además la construcción de 82 kilómetros de colectores, 12 estaciones de bombeo y un emisario submarino que enviaría los vertidos, ya tratados, a tres kilómetros de la costa.
En 2006, el Tribunal Supremo anuló, tras la denuncia de ARCA, el acuerdo adoptado en 2001 por el Consejo de Ministros y ordenó la demolición de esta obra al considerar que había alternativas a la ubicación de la depuradora fuera del dominio público marítimo-terrestre, que se excluyeron.
Se señala que en la sentencia se señala que el acuerdo del Consejo de Ministros no respetó la exigencia de la Ley de Costas de que sólo se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
A continuación se expone que, "cuando todo parecía preparado" para construir una nueva depuradora y demoler, más de una década después, la ilegalizada Vuelta Ostrera, el Ministerio solicitó al Tribunal Supremo, a mediados de enero de 2017, un nuevo aplazamiento, que ha sido denegado en un auto de 26 de enero, en el que el Alto Tribunal declara que no aceptará más retrasos en la demolición de Vuelta Ostrera.
Ante la amenaza de cierre y la posibilidad de un derribo inminente, el abogado del Estado presentó un recurso en el que --dice Ciudadanos-- "reconoce los retrasos en el cumplimiento de la sentencia pero exculpó al Ministerio de ellos".
Según recuerda la formación naranja éste afirmó que "no obedece a incuria ni a falta de diligencia, sino a las exigencias impuestas para sustituir la instalación existente por otra".
Además, se explica que el jurista solicitó una nueva prórroga para presentar los planes ambientales y pidió al Supremo que no cerrase la estación, pero los magistrados han desestimado el recurso del Ministerio y "confirmado en su integridad" la Providencia dictada por la Sala.
Por ello, Cs reclama en su proposición no de ley al Gobierno central que realice de forma inmediata todas las acciones necesarias para evitar el derribo de la depuradora de Vuelta Ostrera hasta que se ponga en funcionamiento la nueva.
En la rueda de prensa que el diputado nacional de Cs por Cantabria, Félix Álvarez, ofreció en Santander por este mismo tema de Vuelta Ostrera pidió una al Gobierno central (PP), autonómico (PRC-PSOE), al Alto Tribunal y a ARCA a que lleguen a un "acuerdo" para demorar el derribo de la depuradora.
Álvarez criticó entonces la "inoperancia" del MAPAMA, dirigido por la ministra Isabel García Tejerina, y la "dejadez", "desidia" de los sucesivos gobiernos de Cantabria, entre ellos el actual bipartito PRC-PSOE, por su "silencio" ante el auto del Supremo del pasado 26 de enero denegando el nuevo aplazamiento para ejecutar la sentencia que ordena su demolición.
El diputado naranja anunció entonces que había planteado a la ministra varias preguntas, para su respuesta por escrito, sobre las acciones que prevé el MAPAMA sobre Vuelta Ostrera y reclamó una "solución" a lo que considera un "desvarío".
A juicio de este diputado, el cierre de la actual depuradora de Vuelta Ostrera, que costó 24 millones de euros, y la inversión de otros 87 para demoler la instalación y construir una nueva, Vuelta Ostrera II, a 300 metros de ella, constituye una "tragedia" no solo "medioambiental y ecológica", sino también "económica".
Además, recordó que la depuradora recoge y depura las aguas residuales de la zona central de Cantabria, donde se concentra el mayor asentamiento industrial y se concentra el 25% de la población regional, unos 130.000 habitantes.
Y alertó de que si se cierra Vuelta Ostrera esta población vería "cómo sus aguas residuales no van a ser depuradas" y cómo se vuelve a los problemas medioambientales que había antes de que comenzara a funcionar esta instalación.
También ha opinado que esto puede afectar "muy negativamente" al turismo de zonas como Suances y advirtió, además, del perjuicio económico de fondos públicos que supondría demoler una depuradora que costó 24 millones para construir otra nueva a escasos metros.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno central a efectuar "de manera inmediata todas las acciones necesarias, dentro de sus competencias", para evitar la demolición de la actual depuradora de Vuelta Ostrera (Suances), declarada ilegal por el Tribunal Supremo, antes de la puesta en marcha de la nueva instalación.

La iniciativa, con fecha de este jueves, 16 de marzo y a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha registrado para su debate en la Comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso poco más de dos semanas después de haberse aprobado en el Parlamento de Cantabria la presentada por la formación naranja con una petición similar pero en ese caso dirigida al Gobierno autonómico (PRC-PSOE).

Dicha proposición no de ley, que se debatió en el Pleno del Parlamento regional del pasado 27 de febrero, salió adelante con el 'sí' de PP, PSOE, PRC y Ciudadanos y el rechazo del otro grupo con representación, Podemos.

En la proposición no de ley registrada por Ciudadanos en el Congreso se hace un recorrido histórico por el devenir de esta estación depuradora.

Así, se explica que, en 2001, tras el acuerdo adoptado en Consejo de Ministros que declaró como zona de reserva una parcela de terreno de 87.450 metros cuadrados en la ría de San Martín, en Suances (Cantabria), en un humedal de dominio público-terrestre conocido como marismas de la Junquera o de Cortiguera, se aprobó el proyecto para la construcción de la depuradora de Vuelta Ostrera.

Se relata también que, al "mismo tiempo" que se da ese paso, se produjo la primera denuncia de la asociación ecologista ARCA, que alertó del "error" del acuerdo al incumplirse, supuestamente, la Ley de Costas.

Se recuerda que la depuradora fue inaugurada, aún sin entrar en funcionamiento, el 1 de agosto de 2015 por la ministra de Medio Ambiente, la socialista Cristina Narbona, tras una inversión de 24 millones de euros, financiada en un 85 por ciento por la Confederación Hidrográfica del Norte, a través del Fondo de Cohesión Europeo, y el resto por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Además, Ciudadanos explica que se trata de una infraestructura, con capacidad para tratar las aguas residuales de unos 370.000 habitantes, está ubicada en Suances y forma parte del saneamiento integral de la cuenca del Saja-Besaya, un proyecto de 145 millones de euros de inversión que incluía además la construcción de 82 kilómetros de colectores, 12 estaciones de bombeo y un emisario submarino que enviaría los vertidos, ya tratados, a tres kilómetros de la costa.

En 2006, el Tribunal Supremo anuló, tras la denuncia de ARCA, el acuerdo adoptado en 2001 por el Consejo de Ministros y ordenó la demolición de esta obra al considerar que había alternativas a la ubicación de la depuradora fuera del dominio público marítimo-terrestre, que se excluyeron.

Se señala que en la sentencia se señala que el acuerdo del Consejo de Ministros no respetó la exigencia de la Ley de Costas de que sólo se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

A continuación se expone que, "cuando todo parecía preparado" para construir una nueva depuradora y demoler, más de una década después, la ilegalizada Vuelta Ostrera, el Ministerio solicitó al Tribunal Supremo, a mediados de enero de 2017, un nuevo aplazamiento, que ha sido denegado en un auto de 26 de enero, en el que el Alto Tribunal declara que no aceptará más retrasos en la demolición de Vuelta Ostrera.

Ante la amenaza de cierre y la posibilidad de un derribo inminente, el abogado del Estado presentó un recurso en el que --dice Ciudadanos-- "reconoce los retrasos en el cumplimiento de la sentencia pero exculpó al Ministerio de ellos".

Según recuerda la formación naranja éste afirmó que "no obedece a incuria ni a falta de diligencia, sino a las exigencias impuestas para sustituir la instalación existente por otra".

Además, se explica que el jurista solicitó una nueva prórroga para presentar los planes ambientales y pidió al Supremo que no cerrase la estación, pero los magistrados han desestimado el recurso del Ministerio y "confirmado en su integridad" la Providencia dictada por la Sala.

Por ello, Cs reclama en su proposición no de ley al Gobierno central que realice de forma inmediata todas las acciones necesarias para evitar el derribo de la depuradora de Vuelta Ostrera hasta que se ponga en funcionamiento la nueva.

En la rueda de prensa que el diputado nacional de Cs por Cantabria, Félix Álvarez, ofreció en Santander por este mismo tema de Vuelta Ostrera pidió una al Gobierno central (PP), autonómico (PRC-PSOE), al Alto Tribunal y a ARCA a que lleguen a un "acuerdo" para demorar el derribo de la depuradora.

Álvarez criticó entonces la "inoperancia" del MAPAMA, dirigido por la ministra Isabel García Tejerina, y la "dejadez", "desidia" de los sucesivos gobiernos de Cantabria, entre ellos el actual bipartito PRC-PSOE, por su "silencio" ante el auto del Supremo del pasado 26 de enero denegando el nuevo aplazamiento para ejecutar la sentencia que ordena su demolición.

El diputado naranja anunció entonces que había planteado a la ministra varias preguntas, para su respuesta por escrito, sobre las acciones que prevé el MAPAMA sobre Vuelta Ostrera y reclamó una "solución" a lo que considera un "desvarío".

A juicio de este diputado, el cierre de la actual depuradora de Vuelta Ostrera, que costó 24 millones de euros, y la inversión de otros 87 para demoler la instalación y construir una nueva, Vuelta Ostrera II, a 300 metros de ella, constituye una "tragedia" no solo "medioambiental y ecológica", sino también "económica".

Además, recordó que la depuradora recoge y depura las aguas residuales de la zona central de Cantabria, donde se concentra el mayor asentamiento industrial y se concentra el 25% de la población regional, unos 130.000 habitantes.

Y alertó de que si se cierra Vuelta Ostrera esta población vería "cómo sus aguas residuales no van a ser depuradas" y cómo se vuelve a los problemas medioambientales que había antes de que comenzara a funcionar esta instalación.

También ha opinado que esto puede afectar "muy negativamente" al turismo de zonas como Suances y advirtió, además, del perjuicio económico de fondos públicos que supondría demoler una depuradora que costó 24 millones para construir otra nueva a escasos metros.

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