El Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que no se puede detener a políticos para obligarles a prohibir los coches diésel

• El Abogado General expone que la negativa de cargos públicos del Estado de Baviera a cumplir con la resolución "puede conllevar consecuencias graves tanto para la salud y la vida de las personas como para el Estado de derecho".

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• lunes 18 nov 2019
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El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Henrik Saugmandsgaard Oe ha opinado este jueves que no puede recurrirse a la detención de cargos públicos para obligarles a adoptar prohibiciones a la circulación de vehículos diésel para cumplir una resolución judicial anterior.

El letrado ha respondido de esta forma a la pregunta planteada por el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Baviera (Alemania) sobre la negativa por parte de las autoridades bávaras a cumplir una resolución que le exige establecer prohibiciones a la circulación de este tipo de vehículos en determinadas partes de Múnich en las que se sobrepasan desde hace años los valores máximos de dióxido de nitrógeno (NO2) fijados por las normas europeas.

El tribunal alemán comprobó que la imposición de multas coercitivas no es suficiente para exigir al Estado de Baviera que cumpla la resolución porque esta multa no supone ninguna pérdida patrimonial para el estado debido a que este gasto supone un ingreso en su caja central.

Por eso, el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Baviera preguntó al TUE si la obligación que el Derecho comunitario impone a los jueces de adoptar "cualquier medida necesaria" para cumplir con la directiva sobre emisiones contaminantes puede incluir la opción de aplicar una medida privativa de libertad.

No obstante, añade que, aun suponiendo que un arresto pueda alcanzar el objetivo perseguido -lo cual, a su juicio, "está lejos de ser cierto"-, la privación de libertad de cargos públicos "vulneraría el derecho fundamental a la libertad" debido a que no existe una ley a tal efecto que sea "clara y previsible".

En consecuencia, considera que la obligación de un juez de hacer todo lo que pueda para hacer que se acate una directiva "no puede cumplirse menoscabando el derecho fundamental a la libertad" por "muy grave" que sea el comportamiento de los cargos públicos.

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