Los 30 mandamientos para la correcta gestión del agua

  • De cara a las próximas elecciones generales, Ecologistas en Acción ha presentado a los diferentes partidos políticos 30 propuestas en relación a la gestión del agua.

El aumento del consumo de agua que se está produciendo en España en los últimos años está generando una situación de carencia permanente de este recurso.

El crecimiento del regadío unido a la reducción de los recursos hídricos disponibles a causa del cambio climático son las principales razones. Esta situación está conduciendo hacia un colapso hídrico, que se produciría muy posiblemente cuando llegue la próxima sequía.

Los 30 mandamientos para la correcta gestión del agua

Para evitarlo, Ecologistas en Acción considera necesario que se produzca un cambio importante en lo que ha sido la gestión del agua en España durante las últimas décadas.

Por ello, la organización ecologista ha elaborado 30 propuestas en relación a la gestión del agua, con el fin de que sean asumidas por las formaciones políticas que se presentan a estas próximas elecciones y las pongan en práctica en los próximos años.

Entre estas propuestas se encuentran el abandono de la construcción de nuevos grandes embalses y trasvases, el freno al establecimiento de nuevos regadíos y la reducción de la superficie actualmente regada.

También la fijación de caudales ambientales adecuados en todas las masas de agua, la consideración del abastecimiento a poblaciones y el saneamiento como un derecho humano para todas las personas, así como su gestión pública con control ciudadano. La lista continúa hasta las 30 propuestas que supondrían un giro hacia una gestión más ambiental y social del uso del agua en España.

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Para Ecologistas en Acción en el escenario actual la no adopción de estas medidas en la próxima legislatura supondría un acto de irresponsabilidad cuyas consecuencias ambientales, sociales y económicas podrían ser gravísimas.

Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: «Cuando llegue el próximo episodio de sequía plurianual, que llegará, al ser propio de nuestro clima mediterráneo nos presentaríamos con un consumo cada vez más elevado, que conlleva un nivel bajo permanente en los embalses y acuíferos, y una situación de carencia crónica de agua, y por tanto con una mínima capacidad de respuesta frente a la sequía». 

30 propuestas de Ecologistas en Acción en relación a la gestión del agua

Octubre de 2019

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1. Los grandes embalses son de las infraestructuras más impactantes a nivel ambiental y social que existen, siendo nuestro país el que más tiene de la Unión europea, y el 5º del mundo.

Por ello, proponemos que se renuncie a la construcción de nuevos grandes embalses que, aunque estén previstos, en tramitación o aprobados, todavía no estén en construcción, como ocurre con los proyectos de Barrón (Alava) y Biscarrués (Huesca).

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2. Renuncia a la construcción de nuevos trasvases, dado su gran impacto ambiental y social. Además aumentan el desequilibrio social y no solucionan los problemas de las cuencas receptoras, de hecho, lo único que hace es estimular el crecimiento de las demandas en estas áreas.

3. Revisión de los embalses y trasvases existentes, de cara a evaluar su actual funcionalidad y viabilidad. El objetivo es  proceder a la eliminación de aquellos que carezcan de utilidad, o para los que existan alternativas viables de menor impacto ambiental y social.

Por ejemplo, el embalse de Los Morales (Madrid) o el trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona).

4. Elaboración y aprobación de un plan para la clausura del trasvase Tajo-Segura.

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Dicho plan deberá contemplar la desconexión progresiva hasta conseguir la plena desconexión de las cuencas del Tajo, Júcar y Segura, dentro del horizonte del plan del tercer ciclo (2021-2027).

5. El regadío supone actualmente más del 85 % del consumo total de agua y además su superficie no para de crecer, lo que está conllevando la sobre explotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

Por ello, proponemos que se prohíba la creación de nuevos regadíos en todo el país, no autorizándose nuevos suministros ni concesiones para riego.

6. Eliminación en un periodo de seis años de todos los regadíos ilegales existentes en el país, que algunas fuentes oficiales estiman entre un 5 % y un 10 % con respecto a los regadíos legales.

Hay que abordar esta cuestión pues están consumiendo un agua que se cuenta con ella en la planificación hidrológica para otros usos, incluyendo el ambiental.

7. Revisión de los regadíos existentes y reducción progresiva de la superficie actual en aquellos donde el consumo, una vez excluidos los usos ambientales, supere los recursos renovables, hasta recuperar un cierto reequilibrio hídrico.

Además, la superficie total de riego existente, deberá reducirse a un máximo de 3-3,2 millones de hectáreas en todo el país. Dicha cifra deberá ajustarse cada 5 años conforme evolucionen los recursos hídricos disponibles a causa del cambio climático.

8. Revisión a la baja en un periodo de seis años, de todas las concesiones existentes (que en la actualidad en muchas cuencas superan a los recursos disponibles) para adecuarlas a la realidad.

9. Establecimiento de caudales ambientales adecuados en el 100 % de las masas de agua, cuya determinación se realice de acuerdo con la definición de caudales ambientales establecida por la Ley de Aguas, y que garanticen alcanzar el buen estado de las aguas.

10. Consideración del abastecimiento a poblaciones y el saneamiento como un derecho humano para todas las personas, con independencia de que puedan pagarlo. Asimismo, dada su consideración de derecho humano, su gestión deberá llevarse a cabo siempre desde el sector público. Ambas cuestiones deberán recogerse en la normativa vigente.

11. Obligatoriedad para los bares y restaurantes de dar agua de grifo al que lo solicite, sin que ello conlleve cobro alguno por parte del establecimiento. Esta obligatoriedad se deberá incluir en la normativa estatal y deberá incorporarse en las ordenanzas municipales.

12. Modificación de la normativa vigente que regula la calidad del agua de consumo humano, de tal manera que contemple al menos los mismos niveles de exigencia para sustancias prioritarias peligrosas, que la establecida en la normativa ambiental para las aguas continentales.

13. Alcanzar en seis años la depuración del 100 % de las aguas residuales urbanas e industriales, con un nivel de depuración adecuado a la normativa y a la Directiva Marco de Agua. Establecimiento en todas las depuradoras, tanto en las existentes como en las que se vayan a construir, de tratamiento terciario.

14. Fomento del establecimiento de depuradoras de escaso coste de mantenimiento para pequeños municipios (mediante empleo de lagunaje, flitros verdes, humedales artificiales, filtros de turba, etc.).

15. Endurecimiento del régimen sancionador para todos los vertidos que incumplan los parámetros exigidos por la normativa estatal y europea vigente.

16. Establecimiento de un plan para la detección, limitación y eliminación de la contaminación difusa generada por la actividad agrícola y ganadera.

Modificación de la normativa, de cara a limitar la contaminación difusa, incidiendo y actuando sobre las prácticas agrícolas que la producen, prohibiendo las prácticas más contaminantes, obligando a la adopción de prácticas preventivas (sistemas de fertilización) y mitigadoras (soluciones basadas en la naturaleza, medidas naturales de retención de agua) y estableciendo los correspondientes «cánones de vertido» y otras medidas fiscales en aplicación del principio quien contamina paga.

17. Puesta en marcha de un plan a nivel estatal, en colaboración con las comunidades autónomas afectadas, para la detección, identificación y erradicación de todos los vertidos de lindano existentes en España.

18. Clausura progresiva en un plazo de seis años, de todos los pozos ilegales existentes en el país.

19. Obligatoriedad de que todos los nuevos pozos cuenten con concesión, con independencia de que se superen o no los 7.000 m³ anuales de extracción.

20. El agua desalada, salvo en el caso de islas donde la demanda urbana supere los recursos hídricos renovables, se utilizará preferentemente sólo de manera temporal, durante periodos de sequía, para cubrir déficits coyunturales.

Además, en el caso del regadío, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Directiva Marco de Agua, no podrá subvencionarse desde el sector público el agua desalada.

21. Ampliación de la zona de servidumbre de los 5 metros actuales a 10 metros, mediante la modificación de la Ley de Aguas.

22. Establecimiento de un plan para la eliminación de todas las construcciones existentes en cauces y zonas de alto riesgo de inundación, estableciendo un plazo de seis años para llevarlo a cabo.

Recuperación de las áreas afectadas por esas construcciones, mediante la recuperación del bosque de ribera originario.

23. Demolición de azudes y demás barreras transversales en desuso e inservibles, existentes en los cauces de los ríos.

24. Completar el deslinde de todo el dominio público hidráulico en un periodo de cuatro años.

25. Realización y puesta en marcha de un plan de conservación y recuperación de la morfología fluvial y del bosque de ribera, a lo largo de todos los cauces.

26. Ampliación de la red de reservas naturales fluviales y dotación de los medios humanos y económicos para una correcta gestión de las mismas. Modificación del régimen sancionador, de tal manera que cuando se produzcan infracciones en las reservas naturales fluviales, el hecho de afectarlas, conlleve un incremento sustancial de la cuantía económica de la sanción.

27. Reforzamiento de la plantilla de las confederaciones hidrográficas con más personal encargado de garantizar la protección del dominio público hidráulico, y establecimiento para ello de convenios con Seprona y comunidades autónomas.

28. La renaturalización de los tramos urbanos de los ríos es de gran interés ambiental y sobre todo social, pues se trata de los cauces que ven a diario decenas de miles de personas, por lo que la mejora de los mismos contribuye a mejorar la calidad de vida de esas personas.

Por ello, proponemos la aprobación de un plan para la renaturalización de todos tramos urbanos de ríos, empezando por las ciudades de mayor población.

29. La actividad minera genera un gran impacto ambiental sobre el medio natural en general (morfología, vegetación, fauna…), además de contaminar, a veces de manera irreversible, los suelos y las aguas. Por ello, proponemos que queden excluidas de la actividad minera todas aquellas cuencas vertientes de embalses y demás infraestructuras de abastecimiento a poblaciones, así como reservas naturales fluviales, humedales y dominio público hidráulico en general.

30. Devolución progresiva al sector público de todas las concesiones hidroeléctricas conforme vayan caducando las concesiones. Eliminación de aquellos saltos hidroeléctricos que produzcan gran impacto ambiental, y explotación del resto por parte del Estado mediante la creación de una empresa o ente público.

Fuente: Ecologistas en Acción

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