"Los consumidores deberían tener toda la información medioambiental necesaria antes de efectuar sus compras, también deberían poder confiar en esa información y si un producto dice que es sostenible debe quedar demostrado", ha razonado en una rueda de prensa el comisario de Justicia y Consumo, Didier Reynders, que ha comparecido junto a la vicepresidenta del ramo, Vera Jourova.
Ambos han presentado las grandes líneas de una "nueva agenda" para que el consumidor gane peso y seguridad en sus compras gracias a una serie de medidas que Bruselas prevé desarrollar a lo largo de los próximos cinco años, consciente de que los patrones de consumo de los europeos han cambiado a medida que avanza la digitalización y el interés de la sociedad por un desarrollo más sostenible.
La crisis por la pandemia de coronavirus también ha alertado al Ejecutivo comunitario sobre la necesidad de revisar determinadas normas y comprobar si deben reforzarse los derechos de los consumidores, ha dicho Reynders, por ejemplo a la luz de los fraudes en las ventas de mascarillas y otros materiales médicos a través de Internet o los miles de pasajeros que vieron sus viajes cancelados.
Así, Bruselas defiende que los europeos buscan cada vez más adquirir bienes "más sostenibles, fáciles de reparar y que duren lo más posible", pero se enfrentan a una falta de transparencia que lastra este impulso. "La realidad es que muchos no compran (productos más sostenibles) porque no hay información clara y porque no suelen ser los primeros visibles en las ofertas", ha defendido el comisario.
Por ello, el próximo año el Ejecutivo comunitario presentará propuestas concretas para asegurar una mayor información sobre la huella ecológica de los artículos en venta en el mercado comunitario, además de contemplar medidas contra la llamada 'obsolescencia programada' por la que se reduce la vida útil de los aparatos o contra el "blanqueo ecológico" de productos que no son tan sostenibles como sus fabricantes pretenden.
Además, revisará las reglas para la protección de los consumidores en sus transacciones 'online' y las normas sobre la seguridad de los productos, al tiempo que aspira a actuar contra prácticas que dificultan al consumidor tomar decisiones informadas por el abuso de algoritmos, por ejemplo, que actúan como sesgos de comportamiento o distorsionan el proceso de tomas de decisiones.
Otro de los ámbitos de actuación adelantados por Bruselas es mejorar la cooperación y asesoramiento de los Estados miembro, que son los que conservan las competencias en materia de derechos del consumidor, para reforzar su actuación en la lucha contra prácticas comerciales ilegales o fraudulentas.
Finalmente, la Comisión marcará también en su agenda de 2021 el desarrollo de un plan de acción con China con el objetivo de mejorar la seguridad de los productos vendidos por el gigante asiático a través de Internet y distribuidos después en la Unión Europea. Asimismo desarrollará apoyo normativo y asistencia técnica para otras regiones con relaciones comerciales con la UE, en especial con África.
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