En el mercado europeo se podrían estar comercializando aproximadamente 30.000 toneladas de fresas y de otras variedades de frutos rojos que se cultivan ilegalmente y se riegan con el agua que se extrae irregularmente de Doñana.
Ante el inicio de la plantación de fresas en la nueva campaña agrícola, una organización ecologista denuncia que, en estos momentos, en Doñana se siguen regando 1180,2 hectáreas fuera de la superficie agrícola regable (SAR), delimitada por el Plan Especial de la Corona Forestal. De ellas, casi el 80 % son cultivos de frutos rojos ilegales.
Piden de manera inmediata el cierre cautelar de todos los pozos y fincas ilegales y la aplicación del Plan de la Corona Forestal en su redacción actual, tal y como está acordado, para el cumplimiento de la sentencia de la Comisión Europea y las recomendaciones de la Unesco.
Esa superficie regada sin autorización supondría un volumen estimado de, al menos, 6 millones de metros cúbicos (6 hm³) de agua extraída ilegalmente del acuífero, el equivalente a 2400 piscinas olímpicas. Además de una producción de, aproximadamente, 30 000 toneladas de fresas y frutos rojos cultivados ilegalmente que podrían comercializarse en los mercados europeos a partir de diciembre si no lo impiden la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Junta de Andalucía.
Los activistas han detectado estas ilegalidades en el uso del suelo y agua a través de imágenes satelitales y ortofotografías aéreas. Una información a la que también puede tener acceso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) con la nueva herramienta que puso en marcha en septiembre.
Esta “proporciona teledetección en tiempo real, con actualización cada 5 días, el tratamiento automático de las imágenes en muy poco tiempo, aproximadamente 2 minutos, y el análisis de la información para la toma de decisiones vinculadas a la estricta inspección de los bombeos y la clausura de captaciones”. Al igual que la ONG las administraciones también disponen de nuevas tecnologías, satélites, drones y otras herramientas para conocer en tiempo real las ilegalidades que se están cometiendo en este momento.
El acuífero de Doñana está sobreexplotado con un índice de explotación del 109%, tal y como hemos demostrado a partir de datos oficiales, por lo que no podemos esperar un año más a que acaben las campañas agrícolas para actuar. Pueden y deben impedir que el agua se siga extrayendo ilegalmente y que la situación se agrave aún más.
¿Qué necesita Doñana?
La ONG exige a la Junta de Andalucía -en el ámbito de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras (TOP)- y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) una actuación inmediata y a gran escala, aplicando medidas cautelares como el cierre de pozos y el precinto de hectáreas ilegales.
Con estas medidas se lograría impedir que se sustraiga ilegalmente agua del sobreexplotado acuífero de Doñana, que cuatro años después de declararse en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, continúa en declive y sigue sin contar con un Programa de actuación, legalmente obligatorio e imprescindible ante su falta de recuperación alguna. Y, por otro lado, se debe impedir que las fresas cultivadas ilegalmente lleguen a los estantes de los mercados nacionales y europeos a partir de diciembre.
También hay que acabar con las ilegalidades en el uso del suelo y el agua, acelerar la recuperación del acuífero y acabar con la grave competencia desleal a los productores legales está en las manos de la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Por ello, desde la ONG les exigen una vez más que adopten medidas cautelares inmediatamente durante esta nueva campaña agrícola, como el cierre cautelar de pozos y precinto de hectáreas ilegales. Eso es vital para que los incentivos que se contienen en el Marco Socioeconómico para Doñana del Gobierno central tengan utilidad.
La crítica de la organización ambiental es muy clara: si ellos han podido detectar la existencia de estos cultivos ilegales y hacer un seguimiento para saber dónde acaban comercializándose, ¿Cómo se explica que las autoridades pertinentes que poseen medios de detección similares a los de las ONG y seguramente mayores presupuestos destinados a la vigilancia, control y prevención de estos problemas en Doñana, no se enteren de lo que está pasando?
